Por Mario Holguín
En el panorama político y social de la República Dominicana, persisten una serie de entuertos fundamentales que, si no se abordan con determinación, podrían obstaculizar el camino hacia un desarrollo sostenible y próspero.
Estos nudos gordianos, que involucran medidas pendientes de gran valor estratégico, representan oportunidades visionarias para transformar el país. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades han postergado su resolución, optando por enfoques reactivos en lugar de proactivos.
Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta inercia es la implementación de la Inspección Técnica Vehicular (ITV), un proyecto con múltiples aristas que exige valentía política para demostrar eficacia gubernamental y generar resultados positivos a mediano plazo.
La República Dominicana, conocida por su dinamismo económico y su posición estratégica en el Caribe, enfrenta desafíos estructurales que van más allá de la coyuntura diaria.
Problemas como la seguridad vial, la contaminación ambiental y la modernización del parque vehicular son entuertos que se entretejen con el éxito nacional.
Según datos oficiales que ratifican los ya anunciados por organismos no gubernamentales hace mucho tiempo, miles de vehículos en mal estado circulan por las calles, contribuyendo a un alto índice de accidentes y emisiones contaminantes.
Tras más de seis años del Decreto 5-19 de 2019 que establece el reglamento para la ITV, su puesta en marcha sigue pendiente, atrapada en debates burocráticos y legales.
A la sazón se contaba con alrededor de 4.4 millones de unidades circulando en nuestras vias. En la actualidad se agrega más de un millón a la cifra anterior.
Esta demora no solo refleja una falta de visión política, sino que también perpetúa un sistema obsoleto que afecta la competitividad del país.
La ITV no es un mero trámite administrativo; es una medida de futuro con implicaciones profundas en múltiples sectores.
En primer lugar, desde una perspectiva de seguridad pública, su implementación obligatoria sacaría de circulación a vehículos chatarreros que representan un riesgo constante.
En las vías nacionales, donde las carreteras son escenario de tragedias diarias, esta reforma podría salvar vidas y aliviar la carga sobre el sistema de salud. Además, en términos ambientales, la ITV promovería la adopción de estándares más estrictos contra emisiones, alineándose con compromisos globales como el Acuerdo de París.
Por un lado, existe la controversia legal ya que analistas argumentan que impulsarla mediante alianzas público-privadas (APP) viola la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que asigna esta responsabilidad exclusiva al INTRANT. Lo cual podría derivar en impugnaciones judiciales, generando inestabilidad.
En tal sentido, varios cuestionaientes surgen desde entonces: ¿Quién absorberá los gastos de inspección? ¿Cómo evitar que se convierta en una carga para las clases medias y bajas?
Estas preguntas demandan una visión política integral, que integre equidad social y transparencia para evitar percepciones de favoritismo hacia inversionistas privados.
Un gobierno, como el actual bajo el liderazgo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tiene la oportunidad de demostrar eficacia al priorizar esta medida.
Implementarla con audacia no solo generaría resultados positivos a mediano plazo ante el dilema de reducir los accidentes y mejorar la movilidad, sino que también fortalecería la imagen del Estado como agente de cambio.
Esta acción representa un desafío, mostrando que la política no se limita a promesas, sino a soluciones concretas.
La ITV simboliza un entuerto mayor: la necesidad de desatar nudos en áreas como la educación, la salud y la infraestructura para propulsar el éxito de República Dominicana.
Países vecinos como Costa Rica y Panamá han avanzado en inspecciones vehiculares obligatorias, cosechando beneficios en competitividad y atractivo para inversiones. Si las autoridades dominicanas optan por la inacción, corren el riesgo de perpetuar un ciclo de subdesarrollo.
En cambio, con coraje y una estrategia multipartidista, involucrando oposición y sociedad civil, la ITV podría convertirse en un catalizador para reformas más ambiciosas.
Solo con valentía política se lograrán resultados positivos, pavimentando el camino hacia una nación más segura, sostenible y próspera.
Mario Holguín / Titular Secretaría de Seguridad Vial Fuerza del pueblo
