Por CARLOS SALCEDO
La seguridad ciudadana constituye una de las responsabilidades esenciales del Estado. No hay democracia que pueda consolidarse plenamente si sus ciudadanos viven bajo el temor de la delincuencia, ni puede hablarse de desarrollo cuando la violencia condiciona la libertad, el trabajo, la movilidad y la convivencia social.
De la reacción policial a la prevención integral del territorio
Por eso, toda política pública dirigida a fortalecer la seguridad merece ser examinada con seriedad, sin prejuicios políticos ni simplificaciones. El plan que impulsa el Gobierno, a través del Ministerio de Interior y Policía, parte de una premisa correcta: la seguridad no puede reducirse al patrullaje policial ni a la reacción frente al delito después de cometido. Requiere prevención, inteligencia, coordinación institucional, intervención territorial y participación comunitaria.
Ese enfoque integral constituye uno de los aspectos más importantes de la estrategia. La utilización de información sobre los territorios donde se concentra la criminalidad, la iluminación de espacios públicos, la incorporación de cámaras de vigilancia, el fortalecimiento de la Policía Nacional y los programas dirigidos a jóvenes y comunidades permiten comprender que la seguridad es también una política social y urbana.
La prevención como tejido social y continuidad institucional
La delincuencia no se combate únicamente con más fuerza. También se combate evitando que determinados territorios, espacios y poblaciones queden abandonados a su suerte. Una calle iluminada, una comunidad organizada, un joven incorporado a una actividad educativa o productiva y una Policía que llega oportunamente pueden formar parte de una misma política de prevención.
Pero una estrategia de esta naturaleza exige también continuidad. Las políticas públicas no pueden depender exclusivamente de coyunturas, estadísticas momentáneas o respuestas frente a hechos que conmueven a la sociedad. La seguridad requiere planificación, evaluación permanente y capacidad de corregir aquello que no produzca los resultados esperados.
Hacia una política de Estado: el desafío del Plan Estratégico Sectorial 2026-2035
El anunciado Plan Estratégico Sectorial 2026-2035 ofrece una oportunidad para superar la visión episódica de la seguridad y convertirla en una política de Estado. Diez años permiten pensar en reformas institucionales, profesionalización policial, prevención, tecnología, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de las capacidades investigativas, con una perspectiva que trascienda los ciclos políticos.
Autoridad y legalidad: el Estado constitucional como límite infranqueable
Pero existe un límite que nunca debemos olvidar: la seguridad no puede alcanzarse sacrificando el Estado constitucional.
Como jurista, sostengo que una policía fuerte no es una policía sin límites. Es una institución fuerte porque conoce sus límites constitucionales, actúa conforme a la ley, respeta la dignidad humana y responde ante los controles institucionales. El uso legítimo de la fuerza pública no pierde autoridad por estar sometido a reglas; al contrario, adquiere legitimidad precisamente porque se ejerce dentro de un marco jurídico verificable.
La interdicción de la arbitrariedad y el uso excepcional de la fuerza
La Constitución no autoriza una actuación policial arbitraria, desproporcionada o inmune al escrutinio público. Toda intervención que pueda afectar derechos fundamentales debe estar sustentada en una base legal, responder a una finalidad legítima y ser necesaria y proporcional a la amenaza que se pretende enfrentar. La fuerza debe constituir un recurso excepcional, utilizado de manera gradual y diferenciada, cuando otros medios resulten insuficientes y siempre con el propósito de proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas.
Este principio es especialmente importante cuando se trata de controles preventivos, detenciones, registros, vigilancia tecnológica o intervenciones en comunidades vulnerables. La prevención del delito no puede convertirse en una autorización general para sospechar de todos, detener sin causa, discriminar por apariencia o condición social, invadir la privacidad o utilizar información personal sin controles adecuados. La eficacia operativa debe estar acompañada de reglas claras, capacitación permanente y mecanismos de supervisión.
El ciudadano tiene derecho a que el Estado lo proteja de la delincuencia, pero también tiene derecho a que esa protección se ejerza dentro de la Constitución. Ambos derechos no son contradictorios. Se complementan. La seguridad pública solo es legítima cuando protege a la sociedad sin convertir a sus integrantes en objetos de vigilancia o en destinatarios de actuaciones arbitrarias.
Controles institucionales y responsabilidad de mando: los pilares de una política madura
Por esa razón, los controles institucionales no deben ser vistos como obstáculos para la acción policial. El control judicial sobre las restricciones de derechos, la supervisión administrativa, la investigación disciplinaria, la actuación del Ministerio Público, la defensa pública, la rendición de cuentas y la fiscalización de los órganos competentes son garantías indispensables para prevenir abusos y corregir desviaciones.
También lo son los protocolos públicos, los registros de las intervenciones, la identificación de los agentes, la preservación de evidencias y la investigación independiente de cualquier denuncia sobre uso excesivo de la fuerza.
La responsabilidad institucional no se agota en sancionar al agente que incurre en una conducta ilícita. También exige determinar si existieron fallas de mando, deficiencias de capacitación, ausencia de protocolos, incentivos indebidos o tolerancia frente a prácticas contrarias a la ley. Una política de seguridad madura debe proteger tanto al ciudadano como al agente que actúa correctamente, estableciendo reglas precisas y consecuencias efectivas para quienes las incumplan.
De ahí que el éxito de esta política no deba medirse solamente por la cantidad de agentes desplegados, cámaras instaladas o territorios intervenidos. Debe medirse por algo más profundo: cuánto disminuye la violencia, cuánto aumenta la confianza ciudadana, cuánto mejora la capacidad de investigación y persecución del delito, cuánto se reducen las actuaciones arbitrarias y cuánto se fortalece la institucionalidad encargada de garantizar la seguridad.
La seguridad democrática exige autoridad, pero también inteligencia; firmeza, pero también prevención; tecnología, pero también protección de la privacidad; persecución del delito, pero igualmente respeto irrestricto a la Constitución, las leyes y los tratados de derechos humanos aplicables.
El desafío, en definitiva, es construir una sociedad en la que el ciudadano pueda vivir sin miedo y, al mismo tiempo, confiar en que el poder público que lo protege también está sometido al derecho. Esa confianza no se impone por la fuerza, se construye mediante resultados, transparencia, controles efectivos y respeto a la dignidad de cada persona.
La verdadera seguridad es aquella que protege al ciudadano, limita el ejercicio del poder, garantiza la responsabilidad institucional y fortalece, simultáneamente, al Estado constitucional.
