SANTO DOMINGO.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la dominicana Dayana Heredia, condenada a 21 años de prisión en Venezuela, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia con riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud.
La decisión está contenida en la Resolución 63/2026, adoptada el 10 de agosto de 2026, mediante la cual el organismo internacional también amparó a otros dos detenidos.
La dominicana, estilista de profesión y residente en Ciudad Juan Bosch, fue detenida el 13 de julio de 2024 cuando intentaba llegar a España a través de una ruta irregular. Viajó primero a Colombia, donde según su familia le entregaron documentos venezolanos falsos, y luego se trasladó a Venezuela, donde fue arrestada bajo la acusación de portar documentación falsa y tener fotografías de sustancias ilícitas en su teléfono celular.
Sus familiares acudieron a la CIDH ante el deterioro de sus condiciones de detención y la falta de atención médica. Actualmente se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra), en el estado Mérida, tras haber sido trasladada desde Santa Bárbara, en el estado Zulia, luego de un motín carcelario, según denuncian.
ADVERTENCIA DE LA CIDH
La Comisión advirtió que existe la posibilidad de que el riesgo se materialice en cualquier momento. «Dada su condición de personas extranjeras privadas de libertad en Venezuela, las limitaciones para mantener contacto con sus familiares, la falta de atención médica para sus afectaciones físicas y psicológicas, las condiciones de detención, así como la alegada situación de indefensión, existe la posibilidad de que se materialice el riesgo en cualquier momento», señaló.
Indicó además que no recibió información del Estado venezolano que permitiera conocer las acciones adoptadas para atender o mitigar la situación de riesgo de la dominicana.
Según sus parientes, Heredia presenta problemas renales, no recibe suficiente agua y su solicitud de traslado a un hospital no ha sido atendida. Denuncian además que permanece en condiciones de hacinamiento y con serias limitaciones para comunicarse con su familia.
«La tienen en total hacinamiento. Nos dijeron que se armó un motín en la cárcel en que estaban y a ella y tres presas más las trasladaron», relató un familiar que pidió reserva de su identidad.
La familia también cuestiona el proceso judicial. Sostiene que los agentes que la arrestaron declararon en el juicio que no encontraron sustancias ilícitas entre sus pertenencias y que las pruebas realizadas en sus manos para detectar contacto con drogas resultaron negativas.
«Todo eso salió negativo y eso lo dice el expediente acusatorio y la misma sentencia», afirmó.
Otro punto denunciado es el manejo de las pruebas. Los familiares aseguran que el teléfono donde supuestamente se hallaron las fotografías fue utilizado por funcionarios para realizar llamadas, lo que comprometería la cadena de custodia.
«Ella no tenía nada en su cuerpo, ni en sus pertenencias. Se basan en unas fotografías en el celular, de las que tampoco tenemos conocimiento si en realidad las tenía», agregó.
PIDEN INTERVENCIÓN CONSULAR
Los allegados afirman que han buscado asistencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, pero aseguran que la respuesta inicial fue que no había relaciones diplomáticas con Venezuela.
«Nos sentimos abandonados de parte de Cancillería, porque no nos brindaron la asistencia. No pedimos que le exijan a Venezuela que liberen a Dayana, sino que investiguen que se lleve el debido proceso», expresó el familiar.
Indicaron que tras la difusión de un video en el que Heredia pide ayuda al presidente Luis Abinader, recibieron el acercamiento del nuevo cónsul dominicano en Venezuela, Héctor Pastor Vázquez.
Mientras se ejecutan las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, la familia espera que las autoridades dominicanas y venezolanas adopten acciones para garantizar su integridad, acceso a atención médica y respeto al debido proceso.
