SANTO DOMINGO ESTE.– En un fuerte ejercicio de rendición de cuentas y denuncia, el exalcalde Manuel Jiménez Santo Domingo Este pasó balance a su gestión municipal (2020-2024), destacando la entrega de un cabildo con «deuda cero» y una sólida flotilla de 152 vehículos. Durante su intervención en el programa Lo Último de la Tarde, el exfuncionario rompió el silencio para abordar la crisis de la basura y las presuntas ilegalidades administrativas que empañan a la actual gestión de la demarcación.
Jiménez arremetió de frente contra la colocación masiva de contenedores de desechos en las calles, calificando esta práctica como una flagrante ilegalidad que arrastra serios problemas de salud pública y ambiental. Argumentó que estos depósitos violan el derecho constitucional al libre tránsito al obstruir las aceras y obligar a los peatones a caminar por el pavimento. Además, advirtió que la descomposición acelerada de los residuos debido al calor caribeño genera plagas y focos de contaminación, defendiendo el esquema de «ruta y frecuencia» como la única salida legal y limpia para el municipio.
Manuel Jiménez Santo Domingo Este denuncia nudos ilegales en el cabildo
El balance crítico no se limitó al tema medioambiental. Manuel Jiménez Santo Domingo Este denunció de manera explícita la existencia de preocupantes anomalías en el organigrama del ayuntamiento actual. Reveló que la administración sucesora mantiene nudos ilegales en puestos de alta jerarquía, como la designación de un director de Planeamiento Urbano que no posee el título de arquitecto y la permanencia por más de dos años de un contralor interino, evadiendo el concurso de oposición público y obligatorio que manda la ley.
«Lo más ajeno que hay es lo público; al ser propiedad de todos los ciudadanos, el servidor público tiene la responsabilidad ineludible de rendir cuentas», enfatizó Jiménez, defendiendo la transparencia obligatoria.
Finalmente, el político abordó su postura frente a las campañas de difamación mediática que enfrentó su mandato, detallando cómo el uso enérgico del derecho a réplica formal obligó a varios comunicadores a retractarse públicamente. Asimismo, resaltó la vigencia de su propuesta de Ley de Música depositada en el Congreso Nacional, la cual busca actualizar el reglamento actual y garantizar que el 50% de la programación de las emisoras locales sea de producción nacional.
