SANTO DOMINGO ESTE.– La defensa de Valle del Este Farallón provocó un fuerte forcejeo e intercambio de empujones entre miembros de la seguridad del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) y comunitarios de la zona, quienes denunciaron actitudes de intimidación, acallamiento y la prohibición de exhibir pancartas en favor del medio ambiente. El incidente se registró durante la celebración de la Vista Pública convocada para la obtención de los permisos ambientales correspondientes al proyecto de construcción del Monorriel.
Los residentes del sector Valle del Este aclararon formalmente durante el evento que no están opuestos al desarrollo del proyecto de transporte masivo, pero exigieron de manera tajante que su ejecución se realice sobre la base de la preservación estricta de los recursos naturales de la demarcación. Los policías municipales intentaron por la fuerza evitar que los ciudadanos presentaran carteles y afiches de oposición a la destrucción de las estructuras rocosas de los farallones, desatando el caos en el salón.
Valle del Este Farallon: Surun Hernández exige garantías democráticas
En el marco de dicha asamblea, el abogado y activista social, doctor Miguel Surun Hernández, manifestó su rotunda oposición a la destrucción del Farallón de Valle del Este, uniéndose al reclamo de las organizaciones comunitarias y vecinales presentes. El jurista criticó duramente el despliegue de la seguridad municipal contra los ciudadanos que legítimamente defendían su entorno ecológico.
“Pedimos formalmente que las próximas vistas públicas sean celebradas en lugares públicos y abiertos, no dentro del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, donde evidentemente no existe la suficiente libertad para que el pueblo se manifieste sin ser amordazado”, sentenció Surun Hernández.
Demandas de la comunidad y preservación ecológica.
Los comunitarios reiteraron que los farallones constituyen un pulmón verde y un patrimonio natural no renovable para Santo Domingo Este que debe ser protegido en cualquier diseño de ingeniería de la obra. Criticaron que el ayuntamiento local utilice a los agentes del orden municipal para censurar expresiones pacíficas en defensa del medio ambiente, en lugar de garantizar el libre debate de ideas en un proceso que impactará directamente la calidad de vida de los residentes de la zona.
