Santo Domingo, RD.-El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana acogió este viernes una acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 24 de la Ley No. 10-15, que modifica el Código Procesal Penal. Según el fallo, dicho artículo vulnera principios fundamentales como la separación de poderes, la supremacía constitucional y los procedimientos legislativos de bicameralidad y deliberación conjunta.
La acción fue presentada en mayo pasado por Félix Enmanuel Castillo Díaz Alejo. En su decisión, el TC señaló que los vicios de forma en el proceso de aprobación de la Ley 10-15 afectan su validez constitucional.
El contenido del artículo 24
El artículo 24 modificaba el artículo 85 del Código Procesal Penal, ampliando la calidad de querellantes. Este permitía a víctimas, asociaciones y personas particulares presentar querellas en casos relacionados con:
1. Intereses colectivos o difusos: Como la protección del medio ambiente, patrimonio cultural y ecológico.
2. Corrupción y derechos humanos: Cualquier ciudadano podía constituirse en querellante en casos de violaciones de derechos humanos o delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
3. Entidades públicas: Permitía que estas también actuaran como querellantes, dejando al Ministerio Público la representación del Estado.
Fundamentos de la sentencia
El TC determinó que el artículo vulneraba disposiciones de la Constitución al haberse aprobado con irregularidades en el proceso legislativo. Entre las razones citadas figuran:
• La falta de deliberación conjunta entre las cámaras legislativas.
• La violación de los principios de bicameralidad y democracia participativa.
• La interdependencia normativa con otros artículos del Código Procesal Penal, lo que afecta la coherencia del texto legal.
Implicaciones de la decisión
Con la declaración de inconstitucionalidad, el artículo 24 de la Ley 10-15 queda sin efecto, lo que implica que las modificaciones al artículo 85 del Código Procesal Penal ya no serán aplicables. Esto puede generar un impacto en la capacidad de asociaciones y ciudadanos para participar activamente en procesos judiciales relacionados con corrupción, derechos humanos y medio ambiente.
La sentencia reafirma la importancia de cumplir con los procedimientos constitucionales y legislativos para garantizar el respeto a los principios fundamentales del estado de derecho en el país.
