Santo Domingo, RD.-El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana declaró inconstitucional la Ley 1-24, que había creado la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), mediante la sentencia TC/0767/24. Esta decisión acogió una acción directa de inconstitucionalidad presentada por los partidos Fuerza del Pueblo (FP), Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD), además de diversas organizaciones de la sociedad civil.
La ley, promulgada el 15 de enero de este año, generó críticas y acciones legales al considerar que violaba derechos fundamentales como la libertad, seguridad personal, intimidad y libertad de expresión, consagrados en los artículos 40, 44, 49 y 74 de la Constitución. En total, se presentaron al menos siete recursos en su contra.
Uno de los puntos más controversiales de la Ley 1-24 fue el artículo 11, que obligaba a entidades públicas, privadas y personas físicas a entregar información solicitada por la DNI, bajo sanciones establecidas en el artículo 26. Estas incluían penas de prisión de dos a tres años y multas de nueve a quince salarios mínimos para quienes ocultaran información requerida.
Reacciones y oposición
El expresidente Leonel Fernández, líder de Fuerza del Pueblo, celebró la decisión del Tribunal Constitucional en un mensaje publicado en la red social X:
“El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la Ley 1-24 sobre el DNI mediante la sentencia TC/0767/24 […] Esta decisión reafirma la importancia de proteger el estado de derecho y los derechos fundamentales”.
Fernández calificó anteriormente esta normativa como “un retroceso institucional democrático sin precedentes desde la dictadura de Trujillo”.
Además de los partidos políticos, organizaciones como Acción Cristiana, Juventud con una Misión, RD Inclusiva y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) también expresaron su rechazo a la ley. La SDD cuestionó específicamente los artículos 9, 11 y 26 por su ambigüedad y falta de garantías para la libertad de prensa.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también se pronunció en contra de la ley. Carlos Jornet, presidente de su Comisión de Libertad de Prensa e Información, advirtió que su lenguaje “amplio y ambiguo” podría fomentar la autocensura en los medios de comunicación, afectando el derecho de los ciudadanos a estar informados.
Intentos de modificación y consenso fallido
En septiembre, el Poder Ejecutivo intentó subsanar las críticas a través de modificaciones a la ley tras reuniones con sectores de la sociedad civil, incluyendo la SDD. Sin embargo, dichas propuestas no lograron frenar las acciones legales en su contra ni evitar el fallo de inconstitucionalidad del TC.
Con esta decisión, el Tribunal Constitucional reafirma la importancia de garantizar el respeto a los derechos fundamentales y al estado de derecho en el país.
