Nueva York. — El politólogo y dirigente político Javier Fuentes valoró como correcta, aunque tardía, la decisión anunciada por el presidente Luis Abinader de ordenar la paralización inmediata de las actividades mineras en el proyecto Romero, en la provincia de San Juan.
Fuentes sostuvo que el mandatario, al reconocer que el rechazo masivo de la población hace inviable el proyecto conforme a la Ley 64-00, valida una verdad fundamental: la soberanía popular y la protección del medio ambiente deben prevalecer sobre cualquier interés económico.
“Lo que ha ocurrido en San Juan no es un simple episodio de protesta, es la expresión de un pueblo que defendió su derecho a existir frente a un modelo de desarrollo que amenaza sus recursos naturales y su sostenibilidad”, afirmó.
En ese sentido, advirtió que, independientemente del método de explotación —sea subterráneo o a cielo abierto—, los riesgos sobre las cuencas hidrográficas y los ecosistemas son reales y, en muchos casos, irreversibles. Por tanto, insistió en que ningún proyecto minero debe imponerse sobre territorios donde la vida y el equilibrio ambiental están en juego.
Asimismo, cuestionó que iniciativas como la de la empresa GoldQuest continúen generando incertidumbre social, aun cuando no cuenten con autorización de explotación, lo que evidencia debilidades en la comunicación y en la gestión preventiva del Estado.
Fuentes, quien cuenta con estudios en ecología por la Indiana Wesleyan University, donde también cursó teología, ofreció sus explicaciones a través del programa Levantando Voces TV & Radio, que se transmite los viernes de 7:00 a 8:00 p.m. por Lucero TV, La Caleta TV, TR Internacional y una red de cableras a nivel nacional.
En ese espacio, explicó que las razones técnicas de la inviabilidad del proyecto se fundamentan en la alta fragilidad del territorio. Señaló que se trata de un valle donde se originan nacimientos de ríos, arroyos y manantiales, lo que lo convierte en una reserva hídrica estratégica para toda la región sur del país.
Advirtió que la extracción minera en un ecosistema de esta naturaleza provoca impactos directos sobre el ambiente, incluyendo la alteración del flujo natural del agua, la deforestación de áreas sensibles, la erosión del suelo y la posible contaminación de las fuentes hídricas. Asimismo, señaló que el uso de elementos químicos en los procesos de extracción y separación de minerales puede agravar el riesgo de contaminación del subsuelo y de los cuerpos de agua, afectando tanto la biodiversidad como el abastecimiento humano.
El dirigente también coincidió parcialmente con el señalamiento del presidente hacia sectores de la oposición, al recordar que los orígenes del proyecto se remontan a concesiones otorgadas en administraciones anteriores, lo que revela una responsabilidad política compartida en la génesis del conflicto.
No obstante, subrayó que el tiempo de reacción del Gobierno fue un factor crítico, ya que la tensión social escaló hasta niveles innecesarios, incluyendo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. “El Estado no puede llegar tarde cuando se trata de conflictos socioambientales; debe anticiparse, dialogar y actuar con firmeza desde el inicio”, puntualizó.
Finalmente, Fuentes consideró que la decisión presidencial debe marcar un precedente en la República Dominicana, donde los proyectos de alto impacto ambiental no solo deben cumplir con requisitos técnicos, sino también con la legitimidad social de las comunidades afectadas.
