Por Mario Holguín
Antedeayer 23 de febrero de 2026, la República Dominicana fue escenario nueva vez de un apagón masivo que paralizó el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Situación que generó una reacción oportuna del ex presidente Leonel Fernández, quien aseveró que el sector eléctrico “no recibe las inversiones necesarias para modernizar el sistema y diversificar las fuentes de generación”.
Esta falla mayor, originada en la línea de transmisión de 138 kV Hainamosa-Duarte se produjo alrededor de las 10:50 am, según informes periodísticos.
La paralización del Metro y el caos vial interrumpieron cadenas de suministro, obligando a cierres temporales y activación de generadores de emergencia con costos adicionales en combustible.
La magnitud del problema reafirmó las vulnerabilidades crónicas de nuestra infraestructura energética. Con una duración efectiva de 12 a 14 horas, desde el colapso matutino hasta la normalización cerca de la medianoche, al punto de superar en complejidad y prolongación al blackout de noviembre de 2025, que ya había sacudido al país provocando consecuencias políticas inmediatas.
En un contexto de campaña permanente y demandas ciudadanas por estabilidad, este incidente no solo genera pérdidas millonarias, sino que plantea una pregunta ineludible.
Si el apagón anterior llevó a la destitución del entonces administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), mediante el decreto 653-25 ¿por qué no debería ocurrir lo mismo ahora con el actual incumbente, considerando en esta ocasión uno de mayor duración y complegidad?
La destitución pasada fue un acto de rendición de cuentas que el presidente Luis Abinader ejecutó con firmeza; replicarlo ahora con el actual administrador, sería coherente y enviaría un mensaje de intolerancia a la ineficiencia.
De lo contrario, sería una irresponsabilidad ejecutiva que mandaría un mal mensaje de transparencia e inconsistencia del gobierno, y consecuentemente desconfianza ciudadana con alto costo político.
Cabe decir, que el impacto económico ha sido devastador para nuestro país porque las pérdidas millonarias nunca dadas a conocer a la ciudadanía sigue también siendo una deficiencia institucional.
Es indudable que el blackout de ayer representó un golpe directo al corazón económico de la nación, por lo que merece una rendición de cuentas y actuación enérgica para solucionar lo que se ha convertido en recurrencia oficial.
De acuerdo a analistas se estimó una pérdida de alrededor de un 65% del sistema, causando una paralización en industrias, comercios y servicios, en fin, afectando sectores clave como el turismo y la manufactura; en hospitales y escuelas, incurrieron en gastos extras, mientras que el agroalimentario enfrentó riesgos de pérdidas por refrigeración fallida.
No cabe duda, que la confianza de inversionistas en un gobierno que, pese a adiciones en la capacidad generadora en los últimos años, no ha logrado planificar el sector y ha dado apertura como normal a la práctica de la improvisación.
La pérdida de tiempo en el tránsito se traduce como pérdida en la productividad nacional, elementos que no tomamos en consideración una vez vivido el problema para concienciar y tomar desiciones audaces.
La movilidad urbana se convirtió una vez más en laberintos de frustración incrementando el comportamiento, a veces irracional, de los usuarios de las vías.
Sin semáforos funcionales, avenidas como las del Gran Santo Domingo y Santiago se atascaron, con demoras de 1 a 3 horas en trayectos habituales, al igual que la comunicación por internet por todo el día y parte de la noche.
El Metro de Santo Domingo suspendió operaciones, evacuando pasajeros y forzando a miles a alternativas precarias y peligrosas.
¿A cuánto equivaldría las horas-hombre perdidas? Este ejercicio es propio de los economistas, al representar un robo al capital humano dominicano y la exposición al riesgo de la población nacional.
El autor es titular de la Secretaría de Seguridad Vial Fuerza del Pueblo
