Por: Mario Holguín
Es inaceptable que en República Dominicana miles de familias queden marcadas de por vida porque el Estado ha sido incapaz de garantizar seguridad vial.
Cada año, los accidentes de tránsito dejan parapléjicos, amputados y lesionados cerebrales que podrían evitarse con políticas públicas serias: control real del transporte, licencias que se ganen y no se vendan, fiscalización efectiva de motoristas, campañas masivas de concienciación y un Intrant que funcione más como autoridad y menos como agencia de empleos políticos.
No es falta de recursos, es falta de voluntad. Mientras los gobiernos prefieren inaugurar puentes y túneles para la foto, evaden la tarea incómoda de poner orden en las calles y enfrentar a los sindicatos del transporte y a los dealers de licencias falsas.
Una nación que permite que sus ciudadanos queden discapacitados por tragedias prevenibles está fallando en su obligación más elemental.
Exijamos al Estado que deje de tratar la seguridad vial como un tema secundario y la asuma como prioridad de salud pública y justicia social.
Porque detrás de cada estadística hay una vida destrozada que pudo haberse salvado con decisión política.
Mario Holguín/ TITULAR SECRETARÍA DE SEGURIDAD VIAL
