SANTO DOMINGO.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) solicitó formalmente al Congreso Nacional postergar la entrada en vigencia de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal. La organización advirtió de manera contundente que, de no recibir respuestas concretas por parte de los legisladores, iniciará una jornada de protestas que comenzará con un plantón en el Parque Independencia exactamente 30 días antes de la fecha pautada para su ejecución.
La entidad civilista aclaró que su propuesta no busca la derogación total de la pieza ni eliminar el castigo a los delitos que atentan contra el honor o la intimidad, sino abrir un proceso urgente de revisión sobre artículos específicos cuya redacción actual lesiona de forma directa la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de empresa y el derecho ciudadano a la información.
Nuevo Código Penal bajo amenaza de plantón por la libertad de expresión
La principal preocupación externada por la organización radica en las disposiciones que establecen la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la alarmante amplitud de ciertos tipos penales. A juicio de la entidad, esto generará un peligroso efecto inhibidor y de autocensura entre periodistas, directores y propietarios de medios de comunicación social al verse expuestos a sanciones automáticas por contenidos informativos de interés público.
ADOCCO argumenta que la Ley núm. 74-25 debe modificarse puntualmente para armonizar la responsabilidad corporativa y el delito de ultraje con las garantías constitucionales vigentes. El objetivo es asegurar que las sanciones recaigan únicamente sobre quienes actúen con un dolo debidamente comprobado, protegiendo a las empresas periodísticas en su legítimo ejercicio de investigación y debate democrático.
Fundamentados en la Constitución dominicana y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los directivos de la entidad hicieron un llamado al Congreso para convocar a una mesa de diálogo donde participen el Poder Judicial, el Ministerio Público, gremios de prensa, universidades y sociedad civil. «La democracia se fortalece cuando las leyes protegen simultáneamente la dignidad de las personas y el derecho de la sociedad a estar informada», concluyó la institución, reiterando que una breve postergación evitará graves distorsiones jurídicas.
