SANTO DOMINGO.– El periodista y dirigente cristiano Julio Garó hizo un llamado urgente al Gobierno dominicano y al Congreso Nacional para posponer la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, solicitando que el texto sea sometido a un proceso de revisión profunda. Según Garó, diversas disposiciones contenidas en la pieza legislativa podrían entrar en contradicción directa con los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República y por los convenios internacionales suscritos por el Estado.
El comunicador enfatizó que cualquier reforma en materia penal debe estar estrictamente armonizada con los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos, haciendo especial referencia a los principios consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y otros instrumentos que amparan la dignidad humana, la libertad de expresión y el debido proceso.
Nuevo Código Penal bajo la lupa por libertades públicas y garantías de expresión
Una de las principales preocupaciones manifestadas por Garó radica en la posibilidad de que la pieza jurídica contenga articulados que puedan limitar la libertad de expresión en el país. El dirigente cristiano argumentó que el derecho de los ciudadanos a expresar e intercambiar ideas de forma responsable es uno de los pilares indispensables para el sostenimiento de una democracia participativa y transparente.
«Una sociedad democrática se fortalece cuando existe libertad para debatir, opinar y fiscalizar. Cualquier norma que pueda afectar ese equilibrio debe ser revisada mediante el diálogo nacional y la participación de todos los sectores», apuntó el profesional de la comunicación.
Frente a este escenario, Garó exhortó formalmente al Poder Ejecutivo y a las cámaras legislativas a propiciar un espacio amplio de consulta donde se integren juristas, organizaciones sociales, instituciones religiosas, defensores de los derechos humanos y representantes de la ciudadanía. El objetivo principal de este foro sería asegurar que el nuevo Código Penal funcione como una herramienta efectiva para la justicia y la modernización del sistema, en lugar de convertirse en una fuente de restricciones a las libertades públicas o en un detonante de confrontación social que altere la paz nacional.
