Santo Domingo, RD.– El Senado de la República aprobó este martes en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal, con el propósito de adecuarlo a la nueva redacción del Código Penal, que entrará en vigencia en agosto del próximo año.
La decisión fue adoptada de manera unánime por los 25 senadores presentes, lo que permitirá que la iniciativa pase ahora a la Cámara de Diputados, donde los legisladores deberán decidir si finalmente será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Sin embargo, más allá de esta aprobación, el Congreso Nacional enfrenta un reto constitucional: cumplir la sentencia TC/0765/24, emitida el 9 de diciembre pasado por el Tribunal Constitucional, que ordena corregir errores en la Ley 10-15, actualmente en uso. De no hacerlo antes del 11 de diciembre a las 12:00 de la noche, el país estaría obligado a regresar al marco procesal penal del año 2002, según advirtió el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
Modificaciones aprobadas
La Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos presentó unas 90 modificaciones al texto original. Durante la sesión, el senador Franklin Romero propuso reducir el tiempo máximo en que un proceso puede permanecer archivado, de cuatro a dos años, propuesta que fue aprobada por el pleno.
“Un archivo provisional de cuatro años es como una condena anticipada”, argumentó Romero, quien también logró incluir que el imputado pueda apelar la decisión de un juez de archivar su caso.
Según explicó, esta modificación busca proteger los derechos de los ciudadanos y evitar que una persona permanezca durante años con un proceso judicial sin resolución, lo que le impide incluso obtener un certificado de buena conducta.
Autores del proyecto
El proyecto unificado tiene como proponentes a los senadores Omar Fernández, Félix Bautista, Cristóbal Castillo y Antonio Taveras, quienes presentaron iniciativas individuales que fueron consolidadas en una sola pieza.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados permanece pendiente otra propuesta similar, presentada por el diputado Rafa Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo (FP), la cual está estancada en la Comisión de Justicia desde el pasado 6 de junio, cuando venció el plazo para su estudio.
Actualmente, el Senado mantiene el texto bajo un proceso de revisión y corrección técnica, por lo que su contenido final aún no ha sido publicado.
