Caracas, 25 de febrero de 2026 – El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, presentó este miércoles su renuncia ante la Asamblea Nacional (AN), que además nombró provisionalmente a Larry Devoe como encargado de dirigir el Ministerio Público, en medio de una reconfiguración de altos cargos del sistema judicial del país.
La dimisión de Saab —quien ejerció como fiscal general desde 2017— fue formalizada mediante una carta dirigida al Parlamento, informó el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, durante la sesión ordinaria de este miércoles. La Asamblea recibió también la renuncia de Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, y declaró la urgencia reglamentaria para designar encargados de ambas instituciones mientras se activa el proceso constitucional para elegir a los nuevos titulares.
Proceso de transición y designaciones temporales
Tras aceptar las renuncias, los parlamentarios designaron a Larry Devoe como fiscal general encargado. El abogado —quien se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos— asumirá de manera interina la jefatura del Ministerio Público hasta que se lleve a cabo el procedimiento de postulación y elección establecido por la ley.
Rodríguez explicó que, conforme a las normas venezolanas, el vicefiscal general debería asumir temporalmente, pero actualmente ese cargo se encuentra vacante. Por eso, la AN optó por nombrar un encargado mientras se conforma un comité de postulaciones y se evalúan aspirantes a través de un concurso público que culminará con la elección de un fiscal general definitivo por mayoría calificada de dos terceras partes en plenaria legislativa.
Asimismo, Saab fue designado como defensor del pueblo encargado, cargo que había quedado vacante con la renuncia de Ruiz. Saab ya había ejercido esa función entre 2014 y 2017.
Cierre de un ciclo y contexto político
Saab, de 63 años, lideró el Ministerio Público durante casi nueve años en un período marcado por fuertes tensiones políticas y denuncias de organismos de derechos humanos sobre la actuación del sistema de justicia venezolano. Fue ratificado en octubre de 2024 para un mandato que originalmente iba hasta 2031, pero su salida se da en un momento de cambios en la estructura estatal, incluidos procesos de amnistía y liberación de presos políticos.
El Parlamento activará ahora el comité de postulaciones para recibir candidaturas, evaluar méritos y escoger a los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, en un proceso que —según la legislación— requiere el visto bueno de una mayoría calificada de los legisladores.
