Por ISAAC FELIZ
El PRM, desde su fundación en 2014, se vinculó con la lucha anticorrupción, prometiendo a los dominicanos un país sin impunidad. Afirmaban que al llegar al poder, erradicarían por completo la corrupción gracias a su enfoque de intolerancia cero. Este discurso radical ganó la atención de gran parte del pueblo, otorgándoles el beneficio de la duda, término acuñado por el filósofo René Descartes.
Sin embargo, al analizar los hechos a partir del 16 de agosto de 2020, cuando el presidente nombró un Ministerio Público independiente, se observó una concentración desmedida en la persecución de funcionarios del gobierno anterior. Esto violó la presunción de inocencia consagrada en la constitución, y la propia ley 133-11 que rige el MP, que establece el respeto al debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de los imputados.
A pesar de las contradicciones con la constitución y las leyes, la sociedad ignoró estos actos. Surgieron irregularidades en el gobierno actual que llevaron a la destitución de unos 27 funcionarios, sin embargo, ninguno enfrenta procesos judiciales o prisión por las imputaciones. Entre ellos se encuentran el exministro de Educación, dos exministras de la Juventud, el administrador de la Lotería Nacional, el exencargado de aduanas de la región Norte, el exdirector del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) y el más reciente, el exdirector del INTRANT.
Ante estos hechos, surge la pregunta inevitable: ¿realmente existe una lucha contra la corrupción e impunidad? Los acontecimientos sugieren lo contrario. Aparentemente, la lucha es selectiva, utilizando la judicialización de la justicia (lawfare) para perseguir a opositores y desacreditar la oposición, con el fin de obtener réditos políticos.
En resumen, el actual mandatario no se presenta como un líder impecable en honestidad y transparencia. Su enfoque parece más orientado a fortalecerse y debilitar a la oposición estigmatizándola de corrupta, a pesar de que su gestión no haya dado el mejor ejemplo.
