Por JHONNY TRINIDAD
La diáspora dominicana es la columna vertebral silenciosa de la economía nacional. Solo en 2025, las remesas superan los US$10,000 millones al año, sostienen a miles de familias, mueven el comercio, pagan escuelas y mantienen a flote comunidades enteras. Sin embargo, desde el Estado, el trato que recibe no es de reconocimiento: es de conveniencia.
A la diáspora se le pide invertir, donar, enviar y promover al país. Se le cobra impuestos por propiedades que no disfruta, se le encarecen los pasaportes y poderes consulares, y se le imponen tasas aeroportuarias más altas que a cualquier turista. Pero cuando se trata de participación real, las puertas se cierran.
Los dominicanos en el exterior votan por apenas siete diputados de ultramar, sin peso real en las decisiones que les afectan. No hay senadores, no hay ministros que rindan cuentas directamente a ellos, y las políticas públicas rara vez los incluyen más allá del discurso.
LOS CONSULADOS SON CAJAS RECAUDADORAS
Para millones de dominicanos, el consulado no es una extensión del Estado que protege, es una oficina de cobros. Actas de nacimiento, poderes, legalizaciones y renovaciones se convierten en trámites costosos, lentos y burocráticos. Mientras tanto, faltan programas efectivos de asistencia legal, de repatriación digna o de apoyo a los dominicanos detenidos o en situación vulnerable. El mensaje es claro: se valora el dinero que envían, no la gente que lo envía.
Cada gobierno monta ferias, cumbres y “encuentros con la diáspora”. Hay abrazos, reconocimientos y promesas. Pero al regresar los funcionarios, las propuestas mueren en un escritorio. No existe un plan nacional de vinculación productiva con la diáspora, ni incentivos reales para que el profesional que triunfa afuera pueda regresar a aportar. Se le aplaude en el acto, pero se le ignora en el presupuesto.
CIUDADANOS DE SEGUNDA
El dominicano que regresa a invertir enfrenta trabas, inseguridad jurídica y un laberinto de permisos. Si trae un vehículo o una mudanza, paga impuestos que desaniman. Si denuncia corrupción, no encuentra respaldo. Se le trata como extranjero para cobrarle y como ausente para ignorarle.
Apreciar a la diáspora sería integrarla al desarrollo con derechos plenos: representación congresual proporcional, servicios consulares eficientes y a costo real, ventanilla única para inversión, y políticas que faciliten el retorno. Utilizarla es seguir viéndola como una remesa con piernas, buena para la campaña, para la foto y para cuadrar las cuentas del Banco Central.
Mientras el Gobierno no cambie esa lógica, la diáspora seguirá siendo el socio que sostiene la casa, pero al que no se le da llave para entrar. Y ningún vínculo sobrevive cuando una parte solo da y la otra solo toma.
