Santo Domingo, RD.-La Coordinadora Nacional Popular (CNP) declaró el lunes 27 de abril como “Día Nacional de la Rebeldía” y apoyó la gran concentración-marcha el viernes 24 de abril convocada en el Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago.
Dentro los movimientos de protestas anuncian que desde ya habrá jornadas huelgarias de 24 horas en San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, desde las 6.00 de la mañana.
Mientras para el lunes 27 a las 10.00 de la mañana, realizarán una concentración de trabajadores y movimientos socio-ambientales frente al Palacio Nacional en el Distrito Nacional y movilizaciones en diferentes comunidades del país.
Rechazan represión desatada por el gobierno este domingo 19 de abril en el Cibao, que se detenga el cerco contra la residencia del dirigente del Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís José Mercado y demandamos la inmediata puesta en libertad de decenas de activistas apresados en San Francisco de Macorís y Navarrete.
Dentro de las organizaciones que apoyan las movilizaciones se encuentran: Movimiento Suroeste Unido Por el Agua y la Vida, Movimiento Unidos Somos Más, Movimiento No Vertedero en La Cuaba, Coordinadora de Organizaciones Barriales don Bosco (CODONBOSCO), Centro de Educación para la Paz, la tolerancia y el Desarrollo (CEPATODE), Asociación de Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional y Santo Domingo (ACADISANDO) y el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp).
Dicen que en el 61 aniversario de la revolución de abril, y en medio de crecientes protestas que recorren todo el territorio nacional, las organizaciones sociales, populares, ambientales, anunciamos esta serie de movilizaciones masivas en rechazo a las políticas gubernamentales que pretenden que los pobres, los trabajadores y la clase media paguen el precio de la crisis global y de la guerra, mientras se favorece a las grandes corporaciones mineras y a la oligarquía nacional y extranjera.
Los movimientos sociales del país exigieron que se cancele de inmediato y de manera definitiva todos los proyectos mineros en las cordilleras Central, Septentrional y en el Bahoruco Oriental, a favor de las corporaciones extranjeras GoldQuest, Unigold, Belfond y otras y Detener la nueva presa de colas de El Naranjo en la provincia Sánchez Ramírez.
Además, cancelar el proyecto de vertedero en la comunidad de Los Aguacates, Distrito municipal de La Cuaba, Pedro Brand.
También, detener la práctica abusiva de imponer a las comunidades proyectos mineros y energéticos sin licencia social (casos: Los Negros en Azua, Las Placetas en San José de Las Matas, y muchas otras) y no tocar Loma Miranda y restablecer el Parque Nacional Manuel Aurelio Tavares Justo.
Finalmente que cese de las operaciones de la empresa Docalza en la comunidad de El Pomier, Provincia San Cristóbal.
Mientras que las organizaciones unidas en la Coordinadora Popular Nacional (CPN) como Coalición Ambiental de la Región Noroeste (COANOR), Campamento Loma Miranda, Justicia Climática República Dominicana, Bloque Popular Jesús Adón y Coalición de Organizaciones Populares, Ambientalistas, Feministas y Gremiales del Cibao; se adhieren a las propuestas planteadas.
Los movimiento comunitarios como el Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís, Movimiento Los Peregrinos de Moca, Articulación Nacional Campesina, Coalición Enriquillo, Comité Por la Unidad y Los Derechos de La Mujer-CUDEM, Movimiento Reconocido y la Red Urbano Popular en Defensa del Territorio (RUP); plantean un modelo ante la crisis de país alternativo y solidario.
Dentro de ese modelo socioeconómico y solidario que plantea las organizaciones sociales están: que las montañas, valles y cuencas generan más beneficios económicos y sociales si se utilizan para preservar el agua, la agricultura, la ganadería, la agroindustria, artesanías, agro silvicultura, pesca, turismo comunitario, energías renovables y desarrollo integral, que dedicándolas a la minería destructiva y contaminante.
También proteger todos nuestros ríos, retirar granceras y empresas contaminantes de sus cauces, y aplicar estrictamente la Ley 64-00 de Medio Ambiente a todos los proyectos sin excepción.
Indican que deberían declarar de utilidad pública a favor de familias campesinas y urbanas miles de porciones de terrenos, prohibiendo despojos, expropiaciones y desalojos abusivos en todas las regiones del país. Reubicar dignamente a las familias en zonas de riesgo.
Sostienen que deben priorizar la agricultura campesina, la seguridad y soberanía alimentaria. Entregar la Presa de Monte Grande y el Ingenio Barahona a sus verdaderos y únicos dueños: la población de la Región Enriquillo e eliminar las trabas que los intereses de las corporaciones de los combustibles fósiles e impulsar el desarrollo de energías limpias. Asumir el proyecto cooperativo y social 100% renovable.
Otros planteamientos del movimiento social es la de atender la deuda social de los sectores (mujeres, jóvenes, cañeros, pequeños transportistas y comerciantes, dominicanos de ascendencia haitiana, trabajadores migrantes, otros) y comunidades territoriales movilizadas por sus derechos.
Sobre el alza de los productos de primera necesidad el gobierno de enfrentar el alto costo de la vida, los bajos salarios, la privatización de la salud y los servicios, la violencia e inseguridad, eliminando los privilegios de los ricos: exoneraciones fiscales, salarios multimillonarios, barriles, regalos de combustible, gastos superfluos, corrupción, impunidad y los abusos contra los más pobres y defender la soberanía nacional y el derecho internacional, y sacar a la República Dominicana de las guerras por petróleo impulsadas por la administración Trump.
