Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros implicados en el supuesto entramado de corrupción que desfalcó al Seguro Nacional de Salud (Senasa) con más de 15 mil millones de pesos.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, afirmó en la madrugada de este sábado que la prisión preventiva es la medida más adecuada ante la gravedad de los hechos imputados. “Ahora deben pagar por sus atrocidades; a esas personas les estamos solicitando prisión preventiva, que entendemos es la medida correcta para este proceso”, expresó.
Camacho explicó que el Ministerio Público concluyó la lectura de la solicitud de medida de coerción contra los arrestados en la denominada operación Cobra, mediante la cual se persigue a una estructura criminal que se benefició de fondos pertenecientes a la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) Senasa, institución que brinda cobertura a más de siete millones de dominicanos.
El órgano acusador reiteró que el entramado estuvo presuntamente liderado por el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, quien figura entre los principales beneficiarios del esquema fraudulento. Junto a él también se encuentra imputado el exconsultor jurídico de la entidad, Germán Robles, señalado de recibir más de dos mil millones de pesos en sobornos.
Tras finalizar la audiencia pasada la 1:00 de la madrugada, el juez Rigoberto Sena fijó para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la lectura de su decisión sobre la medida de coerción solicitada.
Durante el proceso, tres de los imputados admitieron los hechos ante el tribunal, información que ya había sido adelantada por sus abogados a los medios de comunicación. El Ministerio Público solicitó, además, 18 meses de prisión preventiva para varios de los procesados y que el caso sea declarado de tramitación compleja, debido a la pluralidad de víctimas y el impacto nacional del fraude.
El expediente presentado por el órgano persecutor incluye más de 138 pruebas documentales, al menos 35 testimoniales y diversas pruebas periciales, las cuales fueron incorporadas durante la audiencia celebrada el jueves. El viernes continuó el proceso con la presentación de los argumentos de las defensas y la réplica del Ministerio Público.
Entre los delitos que se imputan al grupo figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos.
