Dos Escándalos que Amenazan la Seguridad Vial y la Estabilidad Nacional
Por Mario Holguín
En un momento crítico para la República Dominicana, donde la judicialización de la corrupción se ha convertido en el eje de la agenda política, el partido Fuerza del Pueblo (FP), liderado por el expresidente Leonel Fernández, ha levantado la voz para denunciar dos casos de dimensiones impredecibles y consecuencias catastróficas.
Ambos escándalos, hasta ahora los más alarmantes y dolorosas para la sociedad nacional durante la gestión de Abinader, están directamente relacionados con el mejoramiento de la seguridad vial en el país, un pilar fundamental de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Estas denuncias no solo exponen fallas sistémicas en la gestión gubernamental del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sino que también subrayan cómo la ineficiencia y la posible corrupción ponen en riesgo la vida de miles de dominicanos, socavando la confianza en las instituciones y exacerbando la crisis de gobernabilidad.
El primer caso, conocido como el «apagón semafórico», representa un acto de sabotaje con implicaciones que rozan lo terrorista y graves violaciones a la privacidad de los ciudadanos.
Ocurrido a finales de agosto de 2024 en el Gran Santo Domingo, este incidente provocó el colapso de más de 50 intersecciones clave, generando caos vehicular masivo y poniendo en peligro la integridad de conductores y peatones.
Según denuncias de la FP, el apagón no fue un mero fallo técnico, sino un acto deliberado ligado a irregularidades en el contrato del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) con la empresa Transcore Latam SRL.
Leonel Fernández ha alertado públicamente sobre un «espionaje masivo» a través de las cámaras instaladas en los semáforos, que podrían estar recolectando datos personales sin consentimiento, violando derechos fundamentales y configurando un escenario de vigilancia orwelliana.
El partido Fuerza del Pueblo insta al Ministerio Público a actuar con celeridad, ya que los implicados enfrentan cargos por corrupción, sabotaje y violación a la Ley 63-17, en el marco de la Operación Camaleón. Y si alguno está libre de culpa, emprenda una vida normal como ciudadano dominicano.
Este evento no solo interrumpió el flujo vial, sino que expuso vulnerabilidades que podrían ser explotadas por actores maliciosos, con repercusiones impredecibles en la seguridad nacional.
¿Cómo puede un gobierno que promete modernización permitir que un contrato irregular derive en un riesgo terrorista encubierto, afectando directamente la meta de reducir accidentes de tránsito?
Aún más alarmante es la aparición del segundo caso, el escándalo en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), que ha eclipsado incluso al apagón semafórico por su impacto directo en la atención a víctimas de accidentes de tránsito.
La Fuerza del Pueblo, que presentó una denuncia formal, exige que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias, tras el arresto de varias personas, incluyendo a su exdirector y otros ejecutivos, por presunto desfalco y corrupción administrativa.
Este fraude, que involucra miles de millones de pesos desviados, deja pendiente de investigación de cobertura médica para miles de afectados por colisiones viales, un servicio esencial bajo la Ley 63-17 que busca garantizar atención inmediata y de calidad.
En un país donde los accidentes de tránsito causan miles de muertes anuales, el debilitamiento de SENASA equivale a una sentencia de muerte diferida para las víctimas, agravando la crisis de seguridad vial.
La Fuerza del Pueblo denuncia que esta corrupción no es aislada, sino parte de un patrón de mala gestión en el PRM, que prioriza intereses particulares sobre el bienestar colectivo.
¿Cuántas vidas se perderán mientras el gobierno dilata las investigaciones?
Estos dos casos, judicializados en medio de una ola de escándalos, ilustran el fracaso del actual régimen en avanzar hacia un sistema vial seguro y equitativo.
La Fuerza del Pueblo, como oposición responsable, no solo denuncia, sino que propone soluciones: auditorías independientes, rescisión inmediata de contratos lesivos y reformas profundas en INTRANT y SENASA para priorizar la transparencia y la protección ciudadana.
Es imperativo que el pueblo dominicano exija responsabilidad; de lo contrario, las consecuencias catastróficas, desde caos urbano hasta negligencia médica, se convertirán en la norma.
En estos momentos de judicialización, la Fuerza del Pueblo se posiciona como la fuerza que defiende la democracia y la seguridad, llamando a una unión nacional contra la corrupción y las deficiencias de los servicios públicos que nos amenazan a todos.
Mario Holguín / Titular Seguridad Vial Fuerzo del Pueblo
