PEDRO BRAND. Durante casi cinco años, las comunidades compuestas por las secciones de El Pedregal, Los Aguacates, La Jagua, El Limón, Yaco, Salamanca, Mamá Tingo, La Cuaba, entre otras, vienen sosteniendo un rechazo permanente a las pretensiones de la empresa Oakhouse, apoyada por el Ministerio de Medio Ambiente, de instalar un vertedero acompañado de una planta de reciclaje en El Aguacate, una acción que atenta contra la salud y la vida de sus poblaciones, expresó el pastor Ricardo Díaz.
Dijo que las argumentaciones de esta empresa están basadas en una narrativa totalmente falsa y que no responde a la verdad ni a la gente de esa comunidad.
Comunidades alertan sobre grave impacto ambiental y peligro a fuentes acuíferas
El pastor entiende que Medio Ambiente está ocultando un estudio de impacto ambiental, ya que existen comunidades a menos de 500 metros de la instalación del proyecto, siendo apenas una alambrada lo que separa el vertedero de la comunidad más próxima, la cual tiene más de 6,000 habitantes. Además, enfatiza que el estudio miente al asegurar que a 1,500 metros solo hay dos casas, cuando la realidad es que hay más de 100 viviendas.
Díaz cuenta que ubicar un vertedero industrial de más de 6,000 toneladas por día al lado de una comunidad centenaria garantiza exposición directa a vectores de enfermedades, ruido extremo y malos olores. Asimismo, subraya que el estudio oficial niega la existencia de importantes fuentes hídricas como los arroyos Lajas, Fermín, Jurunela, tres manantiales y ocho pozos tubulares que abastecen el acueducto autogestionario de Villa Esperanza-Los Macos.
Por su parte, el dirigente cristiano Francisco Burgos y el comunitario Fabio Correa advirtieron sobre los peligros geográficos, los cortes de terreno de más de 25 metros de profundidad, la inestabilidad mecánica de la zona alta y el riesgo inminente de contaminación directa al río Matua y a los mantos freáticos.
Las comunidades, respaldadas por un campamento que mantiene la Junta de Desarrollo La Cuaba desde hace 120 días, apuestan a la sensatez del gobierno y claman por el fin de este proyecto bajo la consigna: el agua y la salud no se negocian.
