Por Mario Holguín
En la República Dominicana, el caos vial no es solo un problema de tráfico; es un síntoma profundo de la ineficacia gubernamental.
El fracaso del plan de registro de motocicletas, expuesto a la luz pública por su evidente falta de planificación, no hace más que confirmar lo que la oposición ha denunciado insistentemente, la Fuerza del Pueblo.
Fue una iniciativa del actual gobierno que llevó el sello de la improvisación confirmado al exigirse después los cascos homologados. Este episodio no es aislado, sino parte de un patrón que pone en riesgo la seguridad de millones de ciudadanos y revela un Estado incapaz de regular uno de los sectores más críticos de la movilidad nacional.
Las motocicletas representan cerca del 60% del parque vehicular del país, con cerca de 4 millones de unidades circulando por calles y carreteras, según datos oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Sin embargo, solo un mínimo porcentaje de conductores cuenta con la licencia adecuada, categoría A1, requerida por la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
El plan de regularización, lanzado con bombos y platillos, prometía ordenar este descontrol, pero terminó en un rotundo fracaso.
Una ausencia total de estrategia al no contemplarse recursos suficientes para la fiscalización, ni campañas educativas masivas, ni incentivos reales para que los motociclistas cumplieran.
En lugar de un proceso estructurado, vimos prórrogas repetidas, como la extendida hasta enero de 2026 en Santo Domingo Este, que solo pospuso el inevitable colapso.
Este desatino no solo genera evasión fiscal millonaria, con multas no cobradas, sino que agrava la crisis de seguridad vial, dejando el mal sabor en la ciudadanía de que se trataba de búsqueda de recursos de parte del gobierno.
La República Dominicana figura entre los países con mayor mortalidad por accidentes de tránsito a nivel global, y los motociclistas son las principales víctimas. Esto último es un punto de partida para una planificación necesaria.
Sin formación adecuada, sin inspecciones técnicas vehiculares obligatorias y con un crecimiento anual del parque vehicular que se acerca al 7% hoy día; el gobierno ha normalizado la ilegalidad en las vías públicas que se traduce en un fracaso de gobernanza conviertiendo las calles en escenarios de riesgo extremo, donde la «ley del más fuerte» prevalece sobre cualquier norma.
Ahora, que en los próximos días, se iniciará un nuevo proceso de exámenes para certificar a más de un millón de motoristas, lo cual suena ambicioso.
A sabiendas de que un gran porcentaje quedará en la ilegalidad, por barreras económicas, burocráticas o simplemente por la desconfianza en un sistema fallido, esta iniciativa parece otra improvisación disfrazada de solución.
¿Cómo pretenden certificar a millones sin haber resuelto los problemas de fondo, como la falta de centros de examen accesibles?
La oposición, liderada por figuras como Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo, ha sido clara, solo perpetúan el ciclo de promesas electorales incumplidas.
Desde una visión política, este fiasco evidencia el agotamiento del modelo actual. El gobierno de Luis Abinader, pese a sus esfuerzos en otros frentes, ha fallado en priorizar la seguridad vial como un asunto de Estado.
En cambio, opta por parches que ignoran la raíz del problema, siendo el crecimiento vehicular descontrolado que supera el de la economía y la población.
Insistimos desde la Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo, en que necesitamos una reforma integral.
Basta de improvisaciones que cuestan vidas y recursos. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y transforme el caos en orden.
