Por JHONNY TRINIDAD
Nos gusta llamarlos héroes. Los mencionamos en los discursos, los aplaudimos en diciembre cuando llegan cargados de maletas y los contamos con orgullo cuando el Banco Central publica las remesas. Son más de dos millones y medio de dominicanos viviendo fuera. Sostienen con su trabajo a casi un tercio de los hogares de este país. Y, sin embargo, en la práctica institucional dominicana siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda.
El dominicano en el exterior es un dominicano a medias para el Estado. Bueno para enviar, pero no para decidir. Bueno para mantener, pero no para participar. Esa es la contradicción más dolorosa de nuestra democracia.
EL SOSTÉN ECONÓMICO QUE NO SE REFLEJA EN DERECHOS
En 2024 y 2025, las remesas superaron los 10 mil millones de dólares anuales. Más que el turismo en muchos meses, más que cualquier inversión extranjera directa, más que toda la ayuda internacional junta. Cada dólar que llega es una medicina que el hospital público no dio, una universidad que el Estado no pagó, un techo que el gobierno no construyó.
El dominicano de Nueva York, de Madrid, de Boston, de Lawrence, de Paterson, de San Juan, trabaja doble turno, limpia oficinas, maneja camiones, cuida ancianos, para que su familia aquí no pase hambre. Y lo hace mientras paga impuestos en un país que no es el suyo y mantiene a otro que lo ignora.
¿Qué le devuelve el Estado dominicano? Consulados caros e ineficientes, servicios consulares que son los más costosos de América Latina, una Junta Central Electoral que los ve con desconfianza, partidos que solo los buscan cada cuatro años, y un Congreso que les dio curules como si fueran una limosna folclórica.
Les dimos el voto, sí. Pero un voto recortado, lejano, casi simbólico. No pueden votar por su alcalde, por su regidor, por su senador. No pueden incidir en la comunidad que mantienen. Les permitimos votar por el presidente, como si el presidente fuera una figura abstracta y no el administrador de un país que ellos financian.
UNA REPRESENTACIÓN DE CARTÓN
Los siete diputados de ultramar son la mejor prueba del engaño. Siete curules para más del 15% de la población dominicana de origen. Siete voces ahogadas en un hemiciclo de 190 diputados, sin presupuesto, sin equipo, sin poder real de fiscalización, y atados a cúpulas partidarias que los colocan en las listas por lealtad, no por representación.
El dominicano de ultramar no eligió ese modelo. Se lo impusieron. Nunca se le preguntó cómo quería ser representado. Nunca se hizo un pacto serio para crear una verdadera circunscripción del exterior con autonomía, con capacidad de incidir en la Ley de Presupuesto, en la política consular, en la protección de sus derechos laborales.
Peor aún, los hemos convertido en botín electoral. Cada cuatro años, los partidos alquilan locales en Queens, hacen caravanas en El Bronx, reparten gorras en Washington Heights, prometen consulados eficientes, casas para el retorno, y seguros de salud. Pasan las elecciones y todo sigue igual: el pasaporte más caro, la carta de ruta más cara, la legalización más cara, la cita que nunca aparece.
LA HUMILLACIÓN CONSULAR
Ningún dominicano de clase media aquí pagaría lo que paga un dominicano en el exterior por un documento. Un pasaporte dominicano en Nueva York cuesta casi el doble que en Santo Domingo, y tarda más. Un poder notarial, una transcripción de acta, una doble ciudadanía para sus hijos, se convierte en un vía crucis de burocracia, de funcionarios nombrados por cuota política y no por mérito.
Hemos llenado el servicio exterior de compañeros del partido, no de servidores del ciudadano. El consulado, que debería ser la casa del dominicano ausente, se ha convertido muchas veces en un local partidario. Y eso lo sabe el que ha madrugado en una fila en el consulado de Nueva York o en el de Madrid.
Mientras tanto, el Estado dominicano no tiene una política real de protección legal para su diáspora. Cuando un dominicano es desalojado en Nueva Jersey, cuando es detenido injustamente, cuando muere y su familia no puede repatriar el cuerpo porque cuesta 4,000 dólares, el Estado no aparece. Aparece la colecta entre amigos. Aparece la iglesia. Aparece el GoFundMe.
EL RETORNO SIN HONOR
Y qué decir del que decide volver. El dominicano que regresa después de 20 o 30 años de trabajo no encuentra una ventanilla única, no encuentra un programa de reinserción, no encuentra un reconocimiento a su aporte. Encuentra aduanas que le cobran como si fuera un contrabandista por las pocas cosas que trae, un sistema de salud que no lo reconoce, una banca que no le cree su historial crediticio, y un barrio que lo ve como el “rico” que viene de fuera.
Le pedimos que invierta, pero no le damos seguridad jurídica. Le pedimos que crea, pero no le dimos nunca participación.
NO SON REMESAS, SON PERSONAS
El problema es de concepto. El Estado dominicano ve al dominicano en el exterior como una fuente de divisas, no como un ciudadano. Lo ve como remesa, no como persona. Y mientras lo sigamos viendo así, seguiremos construyendo una democracia incompleta.
Una verdadera reforma debe comenzar por reconocer tres verdades incómodas:
Primero, la diáspora no es un apéndice, es parte del centro de la nación. República Dominicana no es solo la isla de 48 mil kilómetros cuadrados. Es una nación transnacional que vive en dos o tres territorios a la vez.
Segundo, la ciudadanía no puede ser territorial. Si te obligo a mantener económicamente a tu familia aquí, a pagar por los servicios del Estado allá, debo darte los mismos derechos que al que vive aquí.
Tercero, la representación actual es un fraude. Necesitamos una Ley de la Diáspora, un estatuto real que garantice servicios consulares de carrera, voto para elegir a sus propios senadores, participación en el Consejo Nacional de la Magistratura, protección legal efectiva y un fondo de retorno digno.
Los dominicanos en el exterior no quieren lástima. No quieren que les digamos héroes una vez al año. Quieren ser lo que nunca les hemos permitido ser del todo: dominicanos completos, con los mismos derechos, las mismas oportunidades y la misma dignidad que cualquier otro ciudadano.
Hasta que eso no ocurra, seguiremos siendo un país que expulsa a sus hijos y luego les cobra por extrañarlo.
