SANTO DOMINGO.- La Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informaron este miércoles de violaciones a la normativa en tres procesos de licitación pública del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) durante 2024 para la adquisición de utilería escolar.
En un comunicado las dos instituciones indicaron que al analizar los procesos se hallaron graves violaciones a la Ley 10-07 de Control Interno y a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, por lo que el expediente completo ha sido remitido a la Procuraduría General de la República para los fines legales correspondientes.
Agregaron que, entre las principales violaciones identificadas, se encuentran la flexibilización indebida de criterios de evaluación, la omisión de firmas y documentos obligatorios y la aplicación de medidas excepcionales que permitieron la participación de empresas inicialmente descalificadas o no habilitadas.
También se detectó una «preocupante falta de uniformidad en los plazos del cronograma y una deficiente conformación del Comité de Compras y Contrataciones, así como insuficiencias en la documentación de los contratos registrados».
En la nota se señaló que en la investigación se identificaron indicios relevantes que apuntan a la existencia de conflictos de interés y posibles prácticas anticompetitivas, en concreto actos de colusión entre oferentes.
Conforme a la investigación, entre las prácticas observadas se encuentra la participación directa o indirecta de servidores públicos en la manipulación de decisiones técnicas y administrativas.
Entre otros puntos, se identificaron inconsistencias entre los informes preliminares y los definitivos, sin documentación que justifique las variaciones, así como indicios de modificaciones no autorizadas, sustituciones o posibles falsificaciones de informes periciales, lo que podría haber favorecido de forma intencionada a determinados oferentes.
El texto destacó que los hallazgos comprometen los principios de equidad, libre competencia y transparencia que deben regir las contrataciones públicas y constituyen una infracción a la normativa vigente, por lo que también serán remitidos a las autoridades competentes para su investigación especializada, incluida la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).
Por otra parte, se recordó que la Dirección General de Contrataciones Públicas recomendó suspender el registro y procesamiento de cientos de contratos y la ejecución de pagos vinculados a estos hasta que concluyan las investigaciones en curso.
