Por Nelson del Pozo Guzmán
La reciente orden emitida por el Poder Ejecutivo desde el Palacio Nacional para centralizar los recursos consulares en la Cuenta Única del Tesoro parece una necesaria limpieza institucional. Tras cinco años de gestión, el presidente Luis Abinader decide finalmente cerrar el grifo de la discrecionalidad financiera que históricamente convirtió a nuestros consulados en verdaderos feudos políticos. Esta medida busca proyectar transparencia frente a organismos internacionales y una lucha frontal contra el manejo opaco de millones de dólares recaudados.
Sin embargo, para el dominicano que vive en el exterior, esta noticia no trae consigo el alivio económico que tanto se esperaba en las comunidades de la diáspora. Resulta cuestionable que, al capturar esta renta que antes se quedaba en manos de los cónsules, el Estado no contemple una reducción inmediata en las altísimas tasas consulares. El ciudadano seguirá siendo la «vaca lechera» del sistema, solo que ahora el beneficio fluirá hacia las arcas del Tesoro Nacional sin escalas intermedias.
Lo más lamentable de esta reforma es el riesgo de que la operatividad empeore drásticamente por la burocracia, la distancia y la centralización en los organismos de retención de recursos. Al depender de la gestión estatal en República Dominicana para cada gasto, se corre el peligro de que soluciones prioritarias queden paralizadas a la espera de trámites remotos desde Santo Domingo. Un sistema tan rígido suele ser lento y esa ineficiencia la pagará el dominicano del exterior que necesita su documento con urgencia.
Desde la óptica del control, esta medida responde claramente a las crecientes presiones de agencias como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). El gobierno se ve forzado a cumplir con estándares globales para evitar que nuestras sedes diplomáticas sean señaladas como eslabones débiles en el lavado de activos y financiamiento ilícito. Es una respuesta técnica para mitigar riesgos, buscando limpiar el expediente financiero del país ante el escrutinio de estas potencias extranjeras.
Los puntos clave incluyen eliminar cobros directos por parte de los cónsules y establecer una escala salarial fija para profesionalizar al personal en el servicio exterior dominicano. Esta centralización busca que el 100% de la recaudación por pasaporte (emisión y renovación), visas y actos notariales alimente el presupuesto nacional, formalizando privilegios históricamente opacos.
El gobierno proyecta capturar así entre 3,000 y 5,000 millones de pesos anuales que antes se dispersaban en gastos operativos sin una auditoría estatal rigurosa.
Resulta difícil ignorar que este cambio llega justo cuando el Estado necesita urgentemente aumentar su liquidez y el gobierno rehúye tener que recurrir a reformas tributarias que afecten a los más ricos, evasores de impuestos y votantes internos. La diáspora, que sostiene la economía mediante remesas, es ahora llamada a financiar la «profesionalización» de un cuerpo consular que seguirá siendo costoso y clientelar. Es una victoria para la contabilidad pública, pero una oportunidad perdida para hacer justicia económica con la diáspora dominicana.
El gobierno ha logrado al fin transparentar el ingreso por consulado; ahora le falta demostrar que es capaz de servir a costos más baratos para los dominicanos en el exterior con la misma agilidad con la que hoy decide buscar recaudar más. Esperamos que esta limpieza de imagen no se convierta en una pesadilla de trámites interminables y servicios cada vez más distantes de nuestra realidad cotidiana fuera del país. Se ha transparentado el ingreso; ahora falta servir al ciudadano.
