Ricardo Rojas León, Miguel Valerio Jiminián, Rafael Barón Duluc y Emery Colomby Rodríguez analizaron las nuevas herramientas de persecución, la independencia del Ministerio Público y los desafíos de interpretación.
Santo Domingo, D.N., 17 de octubre 2026. Los participantes del Panel I del I Seminario Nacional ADOCCO valoraron la ampliación de las herramientas del nuevo Código Penal para combatir la corrupción, al tiempo que plantearon la necesidad de fortalecer las investigaciones, preservar la independencia del Ministerio Público y garantizar el debido proceso.
Ricardo Rojas León, Miguel Valerio Jiminián, el senador Rafael Barón Duluc y Emery Colomby Rodríguez expusieron sus posiciones en el panel “Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal”, moderado por Rosalía Sosa Pérez. El encuentro, organizado por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, se celebró el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo.
Perspectivas clave de los panelistas sobre la nueva legislación
Rojas León y la protección del patrimonio: Ricardo Rojas León consideró que el nuevo catálogo de delitos constituye un avance para proteger los recursos del Estado, subrayando que la corrupción afecta directamente a los fondos destinados a servicios esenciales como salud y educación.
Valerio y los deberes del funcionario: Miguel Valerio Jiminián calificó el Código como un instrumento poderoso, explicando la importancia de los delitos de infracción de deber y proponiendo una comisión congresual dedicada a política criminal.
Duluc y el riesgo de uso político: El senador Rafael Barón Duluc advirtió que el principal reto será su aplicación y la necesidad de resguardar una estricta independencia del Ministerio Público frente a futuros riesgos de utilización política.
Rodríguez y las garantías procesales: Emery Colomby Rodríguez defendió una persecución firme pero advirtió que «no se puede perseguir la corrupción a cualquier precio», reclamando respeto absoluto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Las intervenciones situaron el debate en la necesidad fundamental de acompañar las nuevas herramientas legales con capacidad técnica, controles institucionales y plenas garantías para lograr una eficacia real.
