Por Roberto Veras
La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios constituyen uno de los instrumentos jurídicos fundamentales para el funcionamiento de los gobiernos locales de la República Dominicana. Promulgada el 17 de julio de 2007, esta legislación establece las normas que regulan la organización, las competencias, las funciones y los recursos de los ayuntamientos, los municipios y el Distrito Nacional. Conocerla no debería ser una opción para quienes aspiran a dirigir un gobierno municipal, sino una obligación.
Resulta preocupante observar que algunos funcionarios municipales, regidores y servidores públicos que llegan a ocupar posiciones de responsabilidad muestran un conocimiento limitado de la legislación que determina sus atribuciones. Esta situación puede generar decisiones equivocadas, conflictos institucionales y actuaciones que se apartan de las competencias que la propia ley establece. Un funcionario municipal debe conocer claramente hasta dónde llegan sus facultades y cuáles son sus responsabilidades frente a la ciudadanía.
Las organizaciones políticas tienen una responsabilidad especial en este aspecto. Antes de presentar candidatos para alcaldías, vicealcaldías y concejos de regidores, deberían desarrollar programas de formación municipal que permitan a sus aspirantes conocer profundamente la Ley 176-07. No basta con tener popularidad, liderazgo comunitario o capacidad para ganar unas elecciones; gobernar un municipio requiere preparación, conocimiento jurídico, administrativo y una clara comprensión de las necesidades de la comunidad.
La formación de los candidatos municipales debería comenzar mucho antes de las elecciones. Los partidos políticos podrían establecer escuelas de capacitación municipal donde se estudien las competencias del ayuntamiento, el papel del alcalde, las atribuciones del Concejo de Regidores, los mecanismos de participación ciudadana, el presupuesto municipal y las normas relacionadas con la administración de los recursos públicos. De esta manera, quienes resulten electos llegarían a sus cargos con una preparación mínima para asumir sus responsabilidades.
La Ley 176-07 define importantes competencias de los gobiernos locales relacionadas con el ordenamiento urbano, el uso de suelo, la gestión ambiental, el tránsito y los servicios públicos básicos, entre otras áreas. Estas atribuciones colocan a los ayuntamientos en una posición esencial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por esa razón, desconocer la legislación municipal significa también desconocer una parte importante de las herramientas disponibles para solucionar los problemas de las comunidades.
El Concejo de Regidores también tiene una responsabilidad extraordinaria dentro de este sistema. Sus miembros no fueron elegidos únicamente para levantar la mano durante las sesiones, sino para ejercer funciones normativas, reglamentarias, fiscalizadoras y de representación ciudadana, dentro del marco establecido por la ley.
Un regidor bien preparado puede contribuir significativamente a mejorar la administración municipal, fiscalizar correctamente los recursos y promover iniciativas que respondan a las necesidades reales de la población.
De igual manera, los alcaldes y sus equipos técnicos deben comprender que la administración municipal no puede depender exclusivamente de decisiones políticas o de criterios personales. El ejercicio del gobierno local está sometido a leyes, reglamentos, procedimientos administrativos y mecanismos de control. Cuando estos instrumentos son desconocidos o ignorados, aumenta el riesgo de cometer errores que pueden afectar tanto la gestión como los intereses de los ciudadanos.
La ciudadanía también tiene derecho a conocer la Ley 176-07, porque el municipio no pertenece exclusivamente a sus autoridades. Los habitantes tienen derecho a participar, fiscalizar, reclamar información y conocer cómo se administran los recursos públicos. Una sociedad municipal mejor informada puede exigir mayor transparencia y evaluar con mayor objetividad el trabajo de sus autoridades. La democracia local se fortalece cuando los ciudadanos conocen las reglas que gobiernan su comunidad.
Los gobiernos municipales necesitan profesionales y dirigentes con vocación de servicio, pero también con preparación. La improvisación puede ser perjudicial cuando se administra un presupuesto, se autorizan proyectos urbanísticos, se organizan servicios públicos o se toman decisiones que afectan a miles de personas. La experiencia política es importante, pero debe estar acompañada de conocimiento de la legislación, capacidad administrativa y respeto por las instituciones.
Por eso, los partidos políticos deberían asumir seriamente la formación de sus candidatos municipales y convertir el conocimiento de la Ley 176-07 en un requisito fundamental para quienes aspiren a gobernar. No se trata solamente de ganar elecciones, sino de estar preparados para gobernar correctamente después de obtener la victoria. Un municipio bien administrado necesita autoridades que conozcan sus derechos, sus límites y sus obligaciones. Conocer la ley es el primer paso para ejercer un gobierno local responsable, transparente y verdaderamente al servicio de la ciudadanía.
El deber de un hombre, es estar donde es más útil.
