Por: Jhonny González
El termómetro social de la República Dominicana comienza a marcar niveles de alerta que ninguna democracia madura debería ignorar. El año 2028 luce lejano para una ciudadanía que ya muestra signos de agotamiento extremo; el descontento en las calles se ha convertido en una olla en ebullición, una auténtica bomba de tiempo que amenaza la estabilidad nacional.
Ante el evidente fracaso de una gestión que no ha sabido dar respuestas efectivas, la opción de adelantar las elecciones presidenciales deja de ser una propuesta audaz para constituirse en una acción urgente y necesaria, destinada a evitar un estallido social de consecuencias incalculables para el pueblo y para la democracia que tanto ha costado construir.
El origen de la crisis política
Para comprender la raíz de la crisis actual, es necesario analizar el origen del mandato vigente. El gobierno actual obtuvo su victoria en los comicios de 2024 favorecido con apenas el equivalente al 30% del electorado general, en medio de una abstención histórica que alcanzó el 48%. Si bien este resultado otorga una legalidad estrictamente formal, la legitimidad política y moral quedó severamente cuestionada desde el primer día.
Para lograr imponerse en las urnas, fue necesario incurrir en un desborde de recursos y en una masiva compra de voluntades que descalabró las finanzas públicas, generando una crisis económica de la cual el país aún no se recupera. Hoy, el partido oficialista cosecha el fruto amargo de esa combinación: la ilegitimidad de origen sumada a una profunda ineficiencia en la aplicación de las políticas públicas, aunado a un endeudamiento desmedido y sin control.
El punto de no retorno: corrupción, inseguridad y alto costo de la vida.
La cotidianidad dominicana se ha vuelto insostenible. El país se encuentra en un punto de no retorno provocado por una tormenta perfecta: los constantes escándalos de corrupción que contradicen las promesas del cambio, una inseguridad ciudadana que ha secuestrado la tranquilidad de las familias, la haitianización del país y un alto costo de la vida que pulveriza los ingresos de la clase trabajadora. A este escenario de asfixia económica se le añade el impacto de la Reforma Fiscal y los elevados impuestos, medidas que la población percibe como un castigo directo a sus bolsillos para financiar el derroche del Estado.
El adelanto de las elecciones como salida democrática
En este contexto, plantear un adelanto de las elecciones no es, bajo ninguna circunstancia, un acto descabellado o desestabilizador. Por el contrario, se presenta como la única salida democrática viable, dotada de un peso político y moral inconmensurable para desactivar las tensiones de la nación de manera pacífica e institucional.
En los sistemas democráticos modernos, consultar al soberano de manera anticipada ante crisis de gobernabilidad no es un trauma, sino una demostración de madurez institucional. Para el presidente Luis Abinader, dar un paso al frente y convocar al pueblo a las urnas representaría un acto de desprendimiento político sin precedentes que podría reivindicar su figura, hoy notablemente deteriorada ante la opinión pública.
La historia reciente asocia a las gestiones de su corriente partidaria con periodos de profunda frustración económica y social. Al adelantar los comicios, el mandatario tendría la oportunidad única de romper ese ciclo y asegurar un mejor lugar en la historia: no como el gobernante que permitió el colapso de su país, sino como el estadista que tuvo la grandeza de anteponer la paz de la República a los intereses de su propio proyecto político.
El autor es licenciado en Estudios Internacionales, Periodista, ex Diplomático y Catedrático.
