Santo Domingo, República Dominicana – El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, ha presentado una querella contra José Manuel Vicente y Luis Valdez Veras, ministro de Hacienda y director general de Impuestos Internos, respectivamente. La querella se relaciona con la suscripción de dos contratos de préstamos otorgados por bancos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por un monto ascendente a RD$45 mil millones de pesos. Estos préstamos no figuran registrados en la Deuda Pública y tampoco fueron aprobados por el Congreso Nacional, a pesar de involucrar Rentas Nacionales y de haberse concertado por plazos de 15 y 4 años.
Surun Hernández alega que estos hechos son graves, ya que funcionarios públicos habrían presionado a 29 bancos comerciales para entregar dicha suma en diciembre de 2020 y julio de 2023, distribuyéndola de manera discrecional. Esta operación de préstamo, según el presidente del CARD, no fue registrada en la Dirección de Crédito Público, lo cual estaría en violación de la ley y comprometería la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
El presidente del CARD sostiene que las leyes orgánicas del Ministerio de Hacienda y de la DGII no otorgan facultades a José Manuel Vicente ni a Luis Valdez Veras para celebrar contratos de préstamos, reservando esta función exclusivamente al Presidente de la República, como establece el artículo 93.1 de la Constitución.
Además, Surun Hernández argumenta que se ha vulnerado el artículo 128.4 de la Carta Magna, que requiere la aprobación del Congreso Nacional para contratos que afecten las rentas nacionales o la enajenación de bienes del Estado. Según la Constitución, el monto máximo para que dichos contratos puedan ser suscritos por el Presidente de la República sin aprobación congresual es de doscientos salarios mínimos del sector público.
El presidente del CARD enfatiza que este contrato no solo representa una operación de préstamo sino que compromete las rentas nacionales durante los próximos 15 años, lo cual es motivo de preocupación.
Surun Hernández concluye que esta situación no solo involucra operaciones de crédito clandestinas, al margen de los registros internacionales, sino también una usurpación de funciones por parte de los funcionarios públicos, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema financiero nacional y el Estado de Derecho.
En su solicitud a la Procuraduría General de la República, el presidente del CARD ha solicitado la gestión de copias de los expedientes relacionados con estas transacciones y ha anunciado el inicio de acciones legales para declarar la nulidad por fraude de estas operaciones. La situación sigue en desarrollo y se espera que se realice una investigación exhaustiva para aclarar estos hechos.
