Santo Domingo, RD.– La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) manifestó este jueves su “más seria preocupación” ante las denuncias presentadas por la magistrada Pilar Jiménez Ortiz en la comunicación remitida al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tras su no ratificación como jueza de la Suprema Corte de Justicia.
La magistrada, con 23 años de carrera judicial y un historial de evaluaciones sobresalientes, señaló en su carta múltiples irregularidades en el proceso llevado a cabo por el CNM. Entre las inconsistencias mencionadas figuran la aplicación de criterios ajenos al marco normativo, falta de motivación suficiente, uso de “percepciones” o inferencias subjetivas, y ausencia de evidencia objetiva que justifique la decisión.
ROI recordó que estas preocupaciones se suman a observaciones previas realizadas por la organización, tales como la falta de transparencia en las deliberaciones, la omisión de identificar a los consejeros que emitieron los señalamientos y la inexistencia de sustento documental para varios de los argumentos utilizados.
Denuncias sobre posible patrón discriminatorio
Uno de los puntos más delicados de la comunicación de la magistrada Jiménez Ortiz se refiere a un presunto patrón histórico dentro del CNM que habría afectado a mujeres con destacada trayectoria judicial. Según advierte, estas situaciones incluirían campañas de descrédito, uso discrecional de criterios de evaluación y ausencia de garantías para resguardar la independencia judicial.
ROI advierte que, de confirmarse, tales prácticas podrían constituir formas de discriminación de género contrarias a los estándares internacionales y a la normativa nacional en materia de igualdad y no discriminación.
Llamado a organismos especializados
Ante la gravedad del caso, ROI consideró imprescindible la intervención de entidades especializadas en derechos humanos y género. Sugirió que el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y el Ministerio de la Mujer evalúen si existe discriminación estructural en los procesos de evaluación de jueces y juezas y si estas prácticas pudieran afectar la autonomía de las mujeres en la administración de justicia.
La organización insistió en que la evaluación judicial debe ser un mecanismo excepcional para garantizar eficiencia, y no un instrumento de presión política ni un medio para desvalorizar la trayectoria profesional de magistrados y magistradas.
Llamado a la vigilancia ciudadana
ROI reafirmó su compromiso de colaborar con las instituciones del sistema de justicia para asegurar procesos transparentes, basados en criterios objetivos y respeto a la legalidad. Asimismo, exhortó a la comunidad jurídica, organizaciones sociales y ciudadanía a mantenerse vigilantes.
“La independencia judicial y la igualdad de género en la justicia no son negociables; son pilares fundamentales del Estado de Derecho”, señaló la entidad.
ROI está integrado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana, la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).
