SANTO DOMINGO.- República Dominicana avanzó de la posición 94 en 2021 a la 77 en 2026 (17 puestos) en el ranking global del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP).
El informe evalúa de manera integral el Estado de derecho mediante ocho factores y 44 subindicadores que recogen la percepción y experiencia de la ciudadanía y de especialistas.
Entre los pilares con mayor avance destaca Gobierno Abierto, en el cual el país se sitúa en la posición 44 de 143 países evaluados, con un incremento del 9.1% respecto a 2021.
A este pilar han contribuido iniciativas claves en el ámbito judicial, entre ellas el Observatorio del Poder Judicial, herramienta lanzada para garantizar transparencia, rendición de cuentas y espacio de discusión técnica; la Política de Datos Abiertos y Justicia Abierta, marcos normativos que mejoran la transparencia de la gestión jurisdiccional y administrativa, así como la participación social y la rendición de cuentas; y el programa Justicia y Sociedad y el proceso de cocreación del Plan Justicia del Futuro 2034.
El reporte refleja progresos relevantes en el sistema de administración de justicia. En materia penal, la justicia experimentó un incremento de 8.4% en su puntuación global desde 2021, pasando del puesto 96 al 86, avanzando diez posiciones.
Sobresalen las mejoras registradas en ausencia de influencia gubernamental indebida (+29.0%), imparcialidad del sistema penal (+12.2%) y adjudicación penal oportuna y efectiva (+10.5%).
Estos logros responden a la articulación del Plan de Optimización Penal, la aceleración de interoperabilidad institucional, la resolución de miles de expedientes mediante vías alternas y acuerdos, y las reformas para garantizar los derechos en la ejecución de la pena.
En Justicia Civil se registró un aumento de 2.5% en su puntuación respecto a 2021, situándose en el puesto 102 global. El Índice destaca un incremento de 12.5% en el indicador de ausencia de demoras injustificadas, impulsado por la implementación del Sistema de Gestión de Casos, el seguimiento proactivo a través de la Dirección de Servicios Judiciales y la aplicación de la Ley núm. 2-23 sobre Procedimiento de Casación.
Asimismo, la transformación digital del sector judicial muestra avances consolidados, con más de 49 mil usuarios registrados en el portal de acceso digital y una tasa de tramitación digital que alcanza el 52% a nivel nacional.
RETOS Y COMPROMISOS
El informe señala áreas prioritarias de atención continua para consolidar la equidad y el acceso a la justicia, entre ellas la necesidad de reducir las barreras económicas para el acceso y asequibilidad en materia civil, así como el fortalecimiento de las garantías procesales y los derechos de las personas acusadas en el ámbito penal.
Con estos resultados, las instituciones del Estado dominicano reafirman su compromiso de consolidar un sistema judicial eficiente, transparente, accesible y orientado a garantizar los derechos fundamentales de toda la ciudadanía.
