Por: Jhonny González
La llegada al poder del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de su líder, Luis Abinader, en 2020 se cimentó sobre una de las narrativas políticas más poderosas y seductoras de la historia política reciente dominicana: «El Cambio». Tras años de hegemonía del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), marcada por un desarrollo económico innegable pero empañada por escándalos de corrupción que parecían interminable, el PRM supo capitalizar el hartazgo ciudadano y el deseo de una gestión pública diferente.
La estrategia fue magistral en su sencillez: enarbolar la bandera de la transparencia, la ética y la lucha frontal contra la corrupción como la gran solución para los males del país. Abinader y su equipo se vendieron a la opinión pública como los impolutos, los serios, los únicos capaces de sanear las instituciones y devolver la confianza a la ciudadanía. La crítica feroz, sistemática y documentada a la «cultura de la corrupción» del PLD fue el combustible que encendió la esperanza popular. Se prometió un punto de inflexión, una ruptura radical con el pasado de impunidad.
Sin embargo, a más de medio período de gobierno, lo que ha emergido con una claridad hiriente no es el prometido «Cambio», sino la sombra de una gran estafa nacional. La tan cacareada pulcritud ha sido rápidamente desmentida por una cascada de escándalos que, por su magnitud y descaro, rivalizan con los peores excesos de las administraciones anteriores, aquellas que fueron tan duramente criticadas.
Los casos de corrupción que han sacudido al gobierno del PRM no son incidentes aislados; son fallas estructurales que demuestran una preocupante continuidad en las viejas prácticas. El caso de la SENASA (Seguro Nacional de Salud), con presuntos sobreprecios y manejos turbios en contrataciones, es una bofetada a la salud de los dominicanos. Las denuncias que salpican al Minerd (Ministerio de Educación), relacionadas con el uso de fondos destinados a la mejora escolar o a la alimentación, hieren el futuro de la juventud quisqueyana. Y la mención obligada al Propeep (Programa de Solidaridad Social), con supuestos esquemas de desvío de recursos y contrataciones irregulares, evidencia que la red clientelar y el saqueo a la caja chica del Estado no se detuvieron, solo cambiaron de manos.
La gran estafa radica en que el PRM utilizó la retórica de la moralidad y la ética no como un principio rector de gobierno, sino como una mera herramienta de marketing político para acceder al poder. Una vez instalados, los mecanismos de vigilancia y contención de la corrupción que tanto prometieron se han revelado ineficaces o, peor aún, han sido convenientemente ignorados. El cambio que se ofrecía como una transformación profunda se ha diluido en una gestión que, para la gente de a pie, no solo no se percibe, sino que se siente como un franco retroceso.
La inflación galopante, la falta de soluciones efectivas al costo de la vida y una sensación generalizada de deterioro en los servicios básicos han terminado de enterrar el mito del «Cambio». La población no votó solo por castigar la corrupción pasada; votó por una vida mejor, por instituciones más transparentes y por líderes honestos.
Hoy, la narrativa del cambio se ha desmoronado. El PRM y Luis Abinader se enfrentan a un electorado que comienza a sentir que fue víctima de un engaño mayúsculo. La estafa no es solo de índole económica o administrativa, sino fundamentalmente moral y política. Han traicionado la esperanza que los llevó al Palacio Nacional. La factura de esta traición a la confianza será, sin duda, la que marcará el futuro político inmediato del país.
El autor es licenciado en Estudios Internacionales, periodista, exdiplomático y catedrático.
