Por Andrés Santana
Santo Domingo, RD.– Miles de pensionados del antiguo Seguro Social viven hoy en condiciones de precariedad económica, pese a que la Constitución de la República Dominicana consagra de manera expresa el derecho a la seguridad social y la protección de las personas de la tercera edad.
El artículo 60 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social, y obliga al Estado dominicano a estimular su desarrollo progresivo para garantizar una protección adecuada frente a la enfermedad, la discapacidad, el desempleo y la vejez. Sin embargo, esta disposición constitucional contrasta con la realidad que enfrentan quienes hoy reciben pensiones de apenas RD$10,000 mensuales.
Estas pensiones se sustentan en la Ley 1896 del antiguo Seguro Social, promulgada en 1948, la cual ampara a trabajadores del sector privado que laboraron entre ocho y diez años antes de la entrada en vigencia de la Ley 87-01, siempre que las empresas donde trabajaron cotizaran al entonces Seguro Social.
Con el alto costo de la vida que atraviesa la República Dominicana, estos ingresos resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y servicios esenciales, sumiendo a miles de envejecientes en una situación de miseria, desesperación y abandono.
Tras más de cinco años de gestión gubernamental, los pensionados reclaman que no se haya producido un reajuste salarial que responda a la inflación acumulada y al deterioro del poder adquisitivo. La situación se torna aún más crítica para aquellos adultos mayores que no cuentan con el respaldo económico de hijos o familiares, quienes sobreviven en una verdadera agonía social.
Diversos sectores consideran urgente que el Gobierno disponga un aumento de estas pensiones hasta por lo menos RD$25,000 mensuales, como una medida mínima que permita a estos ciudadanos enfrentar con dignidad sus últimos años de vida.
El reclamo también se apoya en el artículo 57 de la Constitución, que establece que la familia, la sociedad y el Estado deben concurrir en la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, garantizando la seguridad social integral y el subsidio alimentario en casos de indigencia.
Actualmente, estos pensionados están bajo la tutela de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, institución a la que también dirigen su llamado para que se materialicen políticas públicas que garanticen una vejez más justa y humana.
