Santo Domingo, RD.-Diversas organizaciones sociales realizaron un Plantón por Justicia frente a la Procuraduría General de la República, para exigir una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares por los presuntos actos de corrupción que involucran al Seguro Nacional de Salud (SENASA).
La movilización fue convocada por la Coalición por la Seguridad Social Digna, junto a decenas de entidades sociales y comunitarias, que denunciaron lo que califican como un proceso sistemático de malversación de recursos públicos y de mercantilización del derecho fundamental a la salud.
Según expresaron los manifestantes, los fondos de SENASA habrían sido desviados para beneficiar intereses privados y prácticas clientelares, en perjuicio directo de la población afiliada, especialmente de los sectores más vulnerables. En ese sentido, respaldaron las investigaciones en curso y demandaron que el Ministerio Público lleve el proceso “hasta sus últimas consecuencias”, sin impunidad ni negociaciones encubiertas.
Entre las organizaciones participantes se encuentran Ciudad Alternativa, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), la Unión Clasista de Trabajadores (UCT), la Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora (ASODIFIMO), la Red Urbano Popular (RUP) y el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESep), entre otras.
Asimismo, respaldaron el reclamo la Articulación Nacional Campesina, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (CODONBOSCO), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (CEPATODE) y diversas juntas comunitarias y organizaciones barriales del Gran Santo Domingo.
Las entidades denunciantes afirmaron que “la corrupción en SENASA no es un hecho aislado, sino la expresión de un sistema capturado por intereses financieros que han convertido la salud en un negocio”, señalando que el Sistema Dominicano de Seguridad Social permite el lucro de miles de millones de pesos cada año a costa de los derechos ciudadanos.
En ese contexto, también cuestionaron la falta de fiscalización efectiva por parte de los organismos reguladores y exigieron que las investigaciones se extiendan a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas, a fin de esclarecer el alcance total de las irregularidades denunciadas.
Como parte de un pliego de demandas, las organizaciones reclamaron: verdad y justicia plena, castigo a todos los responsables sin excepción, restitución de los recursos públicos sustraídos, reparación integral a las víctimas y rendición de cuentas de las instituciones encargadas de regular y supervisar el sistema de salud y seguridad social.
Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a movilizarse y a exigir al Congreso Nacional y al Gobierno dominicano no solo sanciones en este caso, sino una transformación estructural del sistema de seguridad social.
“La salud es un derecho, no un negocio. No puede seguir siendo fuente de lucro ni de corrupción”, concluyeron.
