OPINION: Una ley que no se aplica se vuelve sugerencia

Por JHONNY TRINIDAD

Hay una frase que se repite en los colmados, en las guaguas, en las salas de espera, en los grupos de WhatsApp y en cada esquina de la República Dominicana: “Aquí las leyes son para los pendejos”. No es una frase elegante. No es una frase académica. Pero es una frase que duele porque, para millones de dominicanos, describe con una precisión brutal lo que viven todos los días.

La gente no está pidiendo venganza. No está pidiendo linchamiento mediático. No está pidiendo que se inventen delitos. Está pidiendo algo mucho más simple y mucho más profundo: que la ley se cumpla. Que una sanción sea sanción. Que una sentencia sea sentencia. Que un funcionario que roba vaya preso. Que un empresario que soborna no vuelva a contratar con el Estado. Que un político que miente, que trafica influencias, que usa el cargo para enriquecerse, no termine premiado con otro cargo, con una embajada, con un programa de televisión o con un contrato millonario.

Los dominicanos exigen sanciones porque están cansados de ver el mismo guion.

EL CASO MÁS CLARO: CIENTOS SIN DECLARACIÓN JURADA

Y no hay que irse muy lejos para comprobarlo. El ejemplo más claro, más descarado y más insultante para la ciudadanía es el de la declaración jurada de patrimonio.

La ley es clara. Todo funcionario público está obligado a declarar lo que tiene al entrar al cargo, al salir, y a actualizar su patrimonio. No es un favor. No es una opción. No es un trámite si le da la gana. Es una obligación legal, creada precisamente para saber quién entró pobre y salió rico, quién multiplicó su fortuna sin explicación, quién no puede justificar lo que tiene.

Pues bien: cientos de funcionarios no han presentado su declaración jurada que exige la ley. Cientos. No son dos ni tres. No son casos aislados. Son cientos de personas que ocupan cargos públicos, que manejan fondos públicos, que deciden sobre contratos públicos, y que simplemente no han cumplido con la ley.

Y lo más grave: no pasa nada.

No hay suspensión. No hay destitución. No hay multa. No hay sanción. No hay lista pública de vergüenza. No hay consecuencias. El funcionario que no declara sigue cobrando. Sigue firmando. Sigue decidiendo. Sigue en su puesto como si nada.

¿Qué mensaje le está mandando el Estado a ese funcionario? El mensaje es: la ley es una sugerencia. Si quieres, la cumples. Si no quieres, no pasa nada.

¿Qué mensaje le está mandando a la sociedad? Que la transparencia es un discurso para las ruedas de prensa, no una obligación real. Que el control del patrimonio es para los tontos que sí declaran, mientras los vivos se quedan en la sombra, escondiendo lo que tienen, preparando el terreno para salir del cargo con las manos llenas y sin que nadie les pregunte de dónde salió todo.

Ese solo hecho debería indignar a todo el país. Porque si el Estado no es capaz de obligar a sus propios funcionarios a cumplir con algo tan básico como decir lo que tienen, ¿cómo va a ser capaz de obligarlos a no robar? ¿Cómo va a perseguir la corrupción si ni siquiera sabe cuánto tenían al entrar y cuánto tienen ahora?

La declaración jurada no es un papel. Es la primera línea de defensa contra el enriquecimiento ilícito. Cuando cientos de funcionarios la incumplen sin sanción, el sistema completo se cae. Se abre la puerta al robo, al lavado, al testaferrato, al enriquecimiento sin causa. Y se le dice al pueblo, en su cara, que la ley no vale.

EL CANSANCIO DE UN PUEBLO QUE LO VE TODO

El dominicano de a pie lo ve todo. Ve al funcionario que entra al gobierno sin nada y sale con villas, apartamentos, vehículos de lujo y cuentas que no puede justificar. Ve al contratista que siempre gana, aunque siempre entregue tarde y mal. Ve al legislador que cambia de partido como quien cambia de camisa, sin que nadie le pregunte por qué. Ve al que fue acusado de corrupción y que, dos años después, aparece en una tarima hablando de moral y transparencia, como si la memoria del pueblo fuera de 24 horas.

Y lo ve también en lo pequeño, en lo cotidiano, que es donde más duele. Ve al que se pasa el semáforo en rojo frente al policía y no pasa nada. Ve al que tira basura, al que construye donde no debe, al que se roba la luz, al que no paga impuestos, al que usa el carril contrario y llega primero. Y ve al que sí cumple, al que hace su fila, al que paga, al que respeta, llegar siempre de último y ser tratado como tonto.

Cuando eso se repite durante años, la sociedad aprende una lección perversa: cumplir no vale la pena. La ley deja de ser un mandato y se convierte en una sugerencia. En una recomendación. En un papel bonito que se lee en los discursos y se olvida en los despachos.

Ese es el verdadero peligro. No es solo que haya corruptos. Es que la corrupción se vuelva cultura. Que la impunidad se vuelva norma. Que el joven que quiere ser serio termine creyendo que para progresar hay que “buscarse lo suyo”, “hacer su diligencia”, “aprovechar el momento”. Cuando un país llega a ese punto, no pierde solo dinero. Pierde el alma.

ABINADER: ENTRE LA PROMESA Y LA HISTORIA

El presidente Luis Abinader llegó al poder con una promesa poderosa: el cambio. Y dentro de ese cambio, la promesa más sensible, la que más ilusión generó, fue la de una justicia independiente. Una justicia que no mirara apellidos, ni partidos, ni colores. Una justicia que cayera sobre quien cayera.

Y hay que decirlo con honestidad: en los primeros años, esa promesa generó esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, figuras poderosas fueron investigadas, acusadas, llevadas a los tribunales. El Ministerio Público actuó con una independencia que muchos no creían posible. La sociedad sintió que, por fin, algo estaba cambiando.

Pero la historia no se escribe con titulares de inicio de proceso. Se escribe con finales. Y es ahí donde el pueblo dominicano hoy le está recordando algo al presidente: un proceso que no termina en sanción, un expediente que se enfría, un caso que se diluye, una acusación que se convierte en espectáculo y luego en olvido, no es justicia. Es teatro.

No basta con someter. Hay que sancionar. No basta con anunciar. Hay que concluir. No basta con decir que la justicia es independiente. Hay que lograr que el ciudadano sienta que esa independencia produce resultados.

Porque el dominicano no vive de discursos. Vive de realidades. Y su realidad es que ve a muchos imputados libres, a muchos casos estancados, a muchas fortunas intactas, a muchas instituciones que siguen funcionando como antes, con los mismos vicios, con las mismas prácticas, con la misma impunidad disfrazada de legalidad.

Y ve, además, algo que no puede explicarse: cientos de funcionarios que no han presentado su declaración jurada y siguen en sus cargos como si la ley no existiera. ¿Cómo puede el presidente hablar de transparencia cuando cientos de los suyos ni siquiera han dicho lo que tienen? ¿Cómo puede hablar de cambio cuando el incumplimiento más básico se tolera desde arriba?

Abinader tiene todavía en sus manos la oportunidad de pasar a la historia como el presidente que rompió de verdad el ciclo de la impunidad. Pero también corre el riesgo de pasar como el presidente que lo intentó, que lo anunció, que lo comenzó, y que no lo terminó. Y en política, como en la vida, lo que no se termina, se pierde.

CUANDO NO HAY SANCIÓN, HAY PERMISO

Esta es la idea central que el pueblo quiere que se entienda: cuando un delito no se sanciona, el Estado está dando un permiso.

Si un funcionario roba y no pasa nada, el mensaje para el próximo funcionario es claro: puedes robar.
Si un alcalde malversa fondos y termina su período tranquilo, el mensaje para el próximo alcalde es claro: puedes malversar.
Si un empresario paga sobornos y sigue ganando licitaciones, el mensaje para los demás empresarios es claro: tienes que pagar sobornos para ganar.
Si un policía extorsiona y no es expulsado, el mensaje para los demás policías es claro: extorsionar sale gratis.
Si un funcionario no presenta su declaración jurada y no le pasa nada, el mensaje para todos los demás es claro: no declares, que no pasa nada.

La impunidad no es neutral. La impunidad educa. Enseña. Multiplica. Cada caso sin sanción es una clase magistral de corrupción para la próxima generación de corruptos.

Por eso los dominicanos exigen sanciones. No por odio. Por pedagogía social. Porque saben que un país no se limpia solo con discursos, ni con campañas, ni con comisiones. Se limpia con ejemplos. Con un ejemplo contundente de que quien viola la ley, la paga. Con un ejemplo de que el poder no protege. Con un ejemplo de que la justicia no es para el pobre que roba un plátano, sino también para el rico que roba millones.

LA LEY NO PUEDE SER SELECTIVA

Otro reclamo que crece en las calles es el de la igualdad. La gente siente que hay dos justicias en República Dominicana: una rápida, dura e implacable para el pobre, y otra lenta, blanda y negociable para el poderoso.

Al pobre lo apresan por una bocina, por un motor sin papeles, por un pleito de barrio. Al poderoso lo citan, lo interrogan, le dan plazos, le permiten viajar, le devuelven bienes, le archivan el caso. Al pobre le ponen esposas en televisión. Al poderoso le ponen un abogado y un comunicado de prensa.

Esa desigualdad es la que más indigna. Porque el dominicano puede soportar la pobreza. Puede soportar la crisis. Puede soportar el apagón, el tapón, el alto costo de la vida. Lo que no puede soportar es que lo traten como ciudadano de segunda en su propio país, mientras otros viven por encima de la ley.

Si Abinader quiere que su legado sea recordado como el del cambio real, debe garantizar que la ley sea igual para todos. Que no haya intocables. Que no haya protegidos. Que no haya “compañeros” que se salvan por ser del partido, del gobierno, del círculo. Que el que sea de su propio gobierno y meta la mano, sea el primero en ser sancionado. Ahí es donde se prueba de verdad la independencia. No cuando se persigue al adversario, sino cuando se sanciona al amigo.

Y esa prueba empieza por lo más sencillo: obligar a los cientos de funcionarios que no han declarado a que declaren o se vayan. Publicar sus nombres. Suspenderlos sin sueldo. Destituirlos si no cumplen. Sin excepciones. Sin prórrogas eternas. Sin excusas.

LA SANCIÓN NO ES SOLO CÁRCEL

Hay que aclarar algo importante: cuando el pueblo exige sanciones, no está exigiendo únicamente cárcel. Está exigiendo consecuencias reales.

Sanción es inhabilitación para ocupar cargos públicos. Sanción es devolución de lo robado. Sanción es pérdida de bienes mal habidos. Sanción es cancelación de contratos obtenidos con sobornos. Sanción es que una empresa corrupta no vuelva a recibir un peso del Estado. Sanción es que un funcionario destituido por corrupción no aparezca mañana como asesor, como cónsul, como diputado, como candidato.

Sanción es también transparencia. Que el pueblo sepa qué pasó con cada caso. Que no haya acuerdos en lo oscuro. Que no haya archivos silenciosos. Que no haya expedientes que duermen en gavetas hasta que la gente se olvide.

Una sociedad que no sabe en qué terminaron sus casos de corrupción es una sociedad condenada a repetirlos.

EL COSTO DE NO SANCIONAR

Algunos en el gobierno piensan que no sancionar es evitar conflictos. Que es mejor “pasar la página”, “no mirar atrás”, “concentrarse en el futuro”. Es un error grave.

No sancionar no evita conflictos. Los acumula. Los hace más grandes. Los convierte en rabia, en desconfianza, en abstención, en emigración, en desesperanza.

Cada joven que se va del país porque siente que aquí no hay futuro para el que quiere hacer las cosas bien, es una consecuencia de la impunidad. Cada empresario serio que decide no invertir porque sabe que la competencia es desleal, es una consecuencia de la impunidad. Cada ciudadano que deja de votar porque siente que todos son iguales, es una consecuencia de la impunidad.

La impunidad cuesta más que cualquier expediente. Cuesta la confianza. Y un país sin confianza no crece, no avanza, no se desarrolla. Se estanca. Se divide. Se cansa.

UN LLAMADO QUE ES TAMBIÉN UNA ADVERTENCIA

Este artículo no es un ataque. Es un llamado. Y también es una advertencia respetuosa pero firme.

Presidente Abinader: el pueblo dominicano le creyó. Le dio dos oportunidades. Le dio el beneficio de la duda. Le dio el voto y le dio la confianza. Pero esa confianza no es eterna. Esa confianza se alimenta de resultados.

El pueblo no quiere que usted sea perfecto. Quiere que usted sea coherente. Que lo que prometió en campaña se cumpla en el gobierno. Que la ley que usted prometió hacer respetar, se respete de verdad. Que el cambio que usted prometió no se quede en un eslogan, sino que se convierta en sanciones, en sentencias, en ejemplos.

Empiece por lo básico: que los cientos de funcionarios que no han presentado su declaración jurada la presenten o salgan del cargo. Que el país vea que, en su gobierno, incumplir la ley tiene consecuencias. Ese sería un mensaje poderoso. Ese sería el verdadero cambio.

Porque al final, la historia no recordará cuántos discursos dio usted sobre la transparencia. Recordará cuántos corruptos fueron sancionados durante su gobierno. Recordará si la justicia fue de verdad independiente o si fue independiente solo para algunos. Recordará si usted tuvo el valor de tocar a los suyos, o si prefirió protegerlos.

Los dominicanos no están pidiendo milagros. Están pidiendo lo mínimo que debe dar un Estado: que la ley se cumpla.

Porque una ley que no se aplica, presidente, no es ley. Es sugerencia. Y un país que vive de sugerencias, termina viviendo en el desorden, en la injusticia y en el sálvese quien pueda.

Todavía hay tiempo. Todavía se puede corregir. Todavía se puede sancionar. Todavía se puede demostrar que en República Dominicana la ley es para todos.

El pueblo está mirando. El pueblo está esperando. El pueblo está exigiendo.

Que no se le olvide: cuando el pueblo pierde la fe en la ley, pierde la fe en todo.

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