Por Danny Pujals.
La municipalidad en la República Dominicana ha sido históricamente relegada a un segundo plano por los partidos políticos tradicionales, que han priorizado el control del poder central por encima del fortalecimiento de los gobiernos locales. Esta falta de visión estratégica ha provocado que muchos actores municipales queden abandonados a su suerte, sin una formación política sólida ni un verdadero compromiso institucional, lo que debilita la gestión pública desde la base del Estado.
Ante esa indiferencia partidaria, numerosos dirigentes municipales se han visto obligados a practicar el llamado lobbismo, no como una herramienta legítima de gestión, sino como un mecanismo de supervivencia política y económica. Esta práctica, lejos de beneficiar a la colectividad, ha distorsionado la función pública municipal, convirtiendo muchas alcaldías en espacios de negociación personal y de intercambio de favores, alejados de los principios de transparencia y servicio ciudadano.
En ese contexto, los alcaldes de turno han utilizado las dádivas económicas como instrumentos para asegurar respaldo político, voluntades circunstanciales y beneficios particulares. En lugar de concentrarse en resolver los problemas estructurales de los municipios, como la basura, la planificación urbana, la seguridad comunitaria y los servicios básicos, se enfocan en proteger sus intereses personales y políticos, dejando de lado las verdaderas necesidades de los munícipes.
Esta práctica clientelar ha generado una peligrosa desconexión entre la administración municipal y la ciudadanía. Los recursos públicos, que deberían ser utilizados para mejorar la calidad de vida de la gente, terminan siendo mal distribuidos o utilizados como moneda de cambio, creando una cultura de dependencia y debilitando la institucionalidad del ayuntamiento como órgano de gobierno local.
En ese mismo orden, el comunicador y analista municipal Robert Vargas, en su espacio Ido a Destiempo, ha advertido de manera reiterada sobre el deterioro progresivo de la municipalidad. Como profundo conocedor de las leyes municipales y del funcionamiento del poder local, Vargas ha señalado con preocupación que cada nuevo Concejo de Regidores llega con menos conocimientos técnicos y legales, y con una mayor inclinación hacia la búsqueda de beneficios económicos personales.
Esta realidad se traduce en concejos municipales débiles, sin capacidad de fiscalización efectiva ni vocación de control sobre el uso de los fondos públicos. Cuando los regidores desconocen sus atribuciones y deberes, el alcalde concentra más poder del debido, lo que abre la puerta a abusos, improvisaciones y decisiones que no responden al interés colectivo, sino a agendas particulares.
Por ello, resulta urgente que los partidos políticos asuman con seriedad el fortalecimiento del poder municipal, promoviendo la formación ética, técnica y legal de sus cuadros locales. Solo así se podrá rescatar la municipalidad como el primer escalón de la democracia, garantizar una gestión transparente y devolverles a los munícipes la confianza en sus autoridades locales, hoy seriamente golpeada por la desidia y el oportunismo.
