Santo Domingo Este, RD.– La mañana del pasado sábado, alrededor de las 10:00 a.m., en las inmediaciones del Correo de Los Mina, justo al lado del destacamento del Ensanche Felicidad y los Comedores Económicos del Estado, se escuchó una conversación entre dos motoristas que ha despertado preocupación entre residentes del municipio.
De acuerdo con el testimonio de un ciudadano que presenció el diálogo, los conductores debatían sobre la supuesta práctica por parte de la Policía Municipal de detener a motoristas que circulan por la zona, incautarles sus motocicletas y trasladarlas al llamado “vehicular”, ubicado en la avenida Venezuela. Según lo discutido, para recuperar su vehículo, los ciudadanos deben pagar una suma de mil pesos (RD$1,000) a fin de obtener un supuesto carnet de registro municipal que les permita circular en Santo Domingo Este.
Esta situación ha generado interrogantes sobre la legalidad de estas acciones y el alcance de las competencias municipales. Aunque la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios otorga a los ayuntamientos la facultad de regular el tránsito dentro de su jurisdicción, dichas regulaciones deben coordinarse con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y no pueden contradecir leyes nacionales ni la Constitución.
En ese sentido, la Ley 63-17, que rige el tránsito y la seguridad vial en el país, establece en su artículo 251 las prohibiciones aplicables a motociclistas y ciclistas. Entre ellas se incluyen el uso obligatorio de cascos protectores homologados y chalecos reflectantes, así como la prohibición de circular en túneles, pasos a desnivel y en sentido contrario. Las sanciones por el incumplimiento de estas normas están claramente determinadas por dicha legislación, e incluyen multas y la penalización de puntos en la licencia de conducir.
Asimismo, el artículo 199 de la misma ley establece que el INTRANT es el único organismo autorizado para emitir licencias de conducir, incluyendo las de categoría 01, destinadas a motocicletas de dos o tres ruedas. El artículo 201 detalla que esta licencia solo puede ser otorgada a ciudadanos mayores de 18 años que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Ante este panorama, surgen interrogantes sobre si la Alcaldía de Santo Domingo Este, o su cuerpo de Policía Municipal, está actuando dentro del marco legal al detener a motociclistas que ya cumplen con los requisitos establecidos por la Ley 63-17: portar casco, tener licencia de conducir válida y circular de forma individual.
Algunos ciudadanos señalan que las autoridades municipales parecen desconocer sus competencias reales y estar imponiendo medidas que podrían considerarse arbitrarias o ilegales, afectando principalmente a trabajadores humildes que utilizan motocicletas como medio de transporte o sustento laboral.
Hasta el momento, ni la Alcaldía de Santo Domingo Este ni el INTRANT han emitido declaraciones oficiales sobre estas denuncias.
