Por: Mario Holguín / Secretaría de Seguridad Vial
La apertura económica y el impulso al desarrollo que experimentó la República Dominicana a finales del siglo pasado trajeron consigo la masiva incorporación de las motocicletas como herramienta fundamental para el trabajo y la movilidad de miles de dominicanos.
Sin embargo, a partir de la gestión del expresidente Hipólito Mejía, este crecimiento se tornó sostenido, desbordante, profundamente desorganizado y caótico.
Lo que en su momento representaba alrededor de 375 mil unidades se triplicó en pocos años hasta acercarse al millón.
A la fecha, el país cuenta con más de 4 millones de motocicletas, incluyendo las miles de unidades ilegales que circulan impunemente por nuestras vías, lo que representa aproximadamente el 58% del total del parque vehicular nacional.
Este crecimiento desproporcionado ha superado ampliamente el ritmo de aumento de la población y de la economía dominicana.
Cada año incorporamos más motocicletas que cualquier otro tipo de vehículo, convirtiendo al transporte de dos ruedas en el principal protagonista de nuestra movilidad diaria, pero también en la principal causa de víctimas en el sector productivo del país.
Pese a que desde hace casi un cuarto de siglo venimos advirtiendo, con datos y evidencia técnica, sobre los graves riesgos de esta situación, la clase política dominicana ha sido incapaz de tomar las medidas preventivas y regulatorias necesarias.La raíz del problema es política.
Desde sus inicios, los gobiernos de turno han visualizado en el creciente segmento de los motoristas un importante nicho electoral.
Por temor a perder apoyo popular, han preferido mirar hacia otro lado y evitar cualquier medida que pudiera interpretarse como restrictiva. Esta omisión deliberada ha permitido que los diversos usos de las motocicletas, muchos de ellos ilegales o de alto riesgo, se multipliquen sin control, convirtiéndose hoy en un gravísimo problema de seguridad ciudadana, de seguridad vial y de orden público.
El resultado lo vivimos a diario, una involución social que cobra vidas jóvenes y productivas, que genera terror en las calles a través de asaltos, sicariatos y ataques en manada, y que desmantela cualquier esfuerzo serio por construir una cultura de movilidad segura y ordenada en la República Dominicana.
Desde la Fuerza del Pueblo y su Secretaría de Seguridad Vial, hacemos un llamado urgente a la clase política, a las autoridades del Ejecutivo, al Congreso Nacional y a la sociedad en su conjunto, de que ha llegado el momento de dejar atrás el cálculo electoral cortoplacista y asumir con responsabilidad histórica la solución estructural a esta crisis.
No es posible seguir sacrificando vidas y progreso en aras de mantener un voto. Urge una política integral de regulación, formación, fiscalización y control del uso de las motocicletas, que responda tanto a las necesidades laborales de la población como al derecho fundamental de todos los dominicanos a vivir y circular con seguridad.
