POR ALEJANDRO SANTOS
Las inundaciones y los daños que producen las lluvias en nuestro país revelan, de manera contundente, que tenemos una estructura estatal que siempre improvisa.
Cada vez que llueve varios días seguidos, la población pierde bienes y paga con vidas la falta de planificación y de responsabilidad ante problemas estructurales sin resolver. Se actúa sobre las consecuencias de lo que no se hizo para evitar los desastres, y luego aparecen los “salvadores” con migajas de comida y “ayudas” para quienes padecen el abandono de las soluciones de fondo.
Las manifestaciones de la improvisación no se limitan a los efectos de las lluvias; están presentes en todos los ámbitos de la vida institucional dominicana.
Volvemos una y otra vez a la misma historia: drama urbano y rural, sufrimiento humano y vulnerabilidad.
El sistema electoral entrega a los ganadores el poder de diseñar y ejecutar sus ideas de gobierno, pero cada cuatro años se cambia o se renueva al presidente y su gabinete. Surgen esperanzas y luego se frustran; así acumulamos tiempo perdido en soluciones que nunca llegan y en un estancamiento que se padece en las aulas de las escuelas públicas, en las salas de los hospitales y en las calles de nuestras ciudades y campos.
Cada presidente, cada ministro, cada director general, senador, diputado, alcalde o regidor se comporta como una isla autónoma. Son dueños y señores de lo que quieren hacer con las funciones que les corresponden. Aquí cada quien aplica su librito y se adueña del destino de la institución que dirige. Somos un archipiélago de soberanas islas de poder.
Por eso es práctica común ver cómo se cambian programas, proyectos y políticas en cualquier dependencia del Estado, y así se pierden la consistencia y el logro de metas a largo plazo.
La improvisación marca el día a día: trabajamos a golpe de circunstancias inmediatas, atendiendo urgencias que brotan como el agua que inunda los espacios dejados por la imprevisión.
No faltan ejemplos concretos. En días recientes, unas lluvias persistentes dejaron al menos siete muertos y obligaron a evacuar a más de 30,500 personas; 6,500 viviendas resultaron dañadas y 38 comunidades quedaron incomunicadas.
Un informe del Centro de Operaciones de Emergencias registró además 22 comunidades aisladas, 865 desplazados, 73 viviendas afectadas y 17 acueductos fuera de servicio, lo que privó de agua a más de 113,000 usuarios. Estas cifras no hacen sino confirmar que la falta de preparación cuesta vidas, hogares y recursos.
La improvisación no es un problema aislado, sino transversal a la vida pública dominicana. Afecta la gestión local, la política económica, la educación y la inversión en obras.
En todos los casos, la falta de planificación y continuidad se traduce en servicios deficientes, mayores costos y desconfianza ciudadana. El desafío radica en superar estas prácticas mediante instituciones profesionales, planes de largo plazo y mecanismos de control que garanticen que las políticas se ejecuten con rigor y transparencia.
