Por LUIS PEREZ CASANOVA
Todo el que tiene ojos para ver ha podido darse cuenta, a propósito del revuelo sobre la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, tanto de la hipocresía que mina el sistema social como de la ficción que caracteriza ese concepto tan llevado y traído denominado consenso.
Cuando irrumpió como alternativa para abordar desafíos que comprometían el presente y el futuro de naciones atomizadas por intereses o lucha de poder, por aquí se utilizaba el término hasta con aire de sapiencia y modernismo.
Pero, en resumidas cuentas, ha bastado la cercanía para la entrada en vigencia del Código Penal para que afloren los nubarrones que desnudan el sistema social. Era lógico pensar que tras unos 30 años trajinando en las cámaras legislativas, el instrumento sería sancionado con el concurso de todos los sectores.
Y una vez aprobado y promulgado se entendía que por fin había pasado la prueba del tiempo y derribado los intereses que podían interponerse en el proceso. Los que no estaban de acuerdo, parecían resignados, como es el caso de los defensores de las tres causales.
El silencio que se instaló tras la promulgación de la ley 74-25 sugería su total aprobación. Se repetía, como si se tratara de la panacea, que el código era lo que faltaba para perseguir crímenes y delitos de estos tiempos, no contemplados en el viejo y obsoleto instrumento.
Sin negar la necesidad, más bien todo lo contrario, Finjus tuvo que insistir en la pertinencia de corregir distorsiones, incongruencias, ambigüedades para que la legislación pueda aplicarse sin el riesgo de sucumbir ante el Tribunal Constitucional.
Con la flexibilidad que lo ha caracterizado, el Gobierno entendió que procedía modificar varios artículos, incluyendo los que se consideraban que amenazaban la libertad de expresión y difusión del pensamiento, para despejar los traumas y allanar el camino para que la pieza se apruebe y entre en vigencia.
Hipocresía
En el largo itinerario quedó evidenciado que el silencio no es señal de aprobación, así como la hipocresía de los sectores más representativos. Con excepción de Finjus nadie abrió la boca hasta el último momento. Algunos lo hicieron con la clara intención de generar malestar social o empañar la imagen del Gobierno.
Aunque las cámaras legislativas siempre se mostraron dispuestas a hacer los ajustes requeridos para despejar el camino, fue a última hora que algunos sectores vinieron a darse cuenta de la necesidad de modificar o eliminar cláusulas que afectaban sus intereses.
Aparte de la hipocresía, hizo gracia que durante una protesta contra el código en la plaza de la Bandera, no realizada por periodistas, abogados ni profesionales de la comunicación, se condenara la “ley mordaza”.
