SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó este miércoles a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) abrir una investigación para determinar responsabilidades por la actuación de funcionarios y abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales que presuntamente provocó la pérdida de un recurso judicial relacionado con terrenos ubicados en la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional.
El partido opositor reaccionó a informaciones de medios publicadas hoy en las que se afirma que el Estado dominicano deberá pagar RD$2,693.9 millones por 117,937.80 metros cuadrados de terrenos, luego de que la inactividad procesal de los abogados de Bienes Nacionales provocara el término del recurso de casación mediante el cual la institución intentaba impugnar la condena.
La organización consideró que, por la magnitud de los recursos públicos comprometidos, el caso no puede ser tratado simplemente como un error procesal y reclamó establecer quiénes tenían bajo su responsabilidad el expediente, qué mecanismos de supervisión existían y por qué se permitió que transcurriera el plazo legal sin realizar las actuaciones necesarias para mantener vigente el recurso.
“Estamos hablando de casi 2,700 millones de pesos que tendrá que pagar el pueblo dominicano. Cuando una actuación o una omisión de servidores públicos tiene consecuencias de esta magnitud para el patrimonio del Estado, existe la obligación de investigar, identificar responsabilidades y explicar al país qué ocurrió”, planteó la FP en una nota.
De acuerdo con la información publicada, el Tribunal Superior Administrativo había fijado en RD$2,693,994,196.50 el monto a pagar a los sucesores de los antiguos propietarios de los terrenos.
Bienes Nacionales objetaba esa valoración y sostenía que el balance pendiente, debidamente actualizado, era de aproximadamente RD$120.2 millones. Sin embargo, esos argumentos no pudieron ser examinados por la Suprema Corte de Justicia debido a que Bienes Nacionales no dio curso a la casación.
Una sentencia del Tribunal Constitucional, dictada el 17 de agosto de 2026, confirmó la decisión de la Suprema Corte de Justicia que había declarado extinguido el recurso. Según el fallo, durante tres años no se realizó la actuación procesal requerida para impulsar el expediente, pese a que la legislación establecía mecanismos para evitar que se agotara su tiempo ante la Suprema.
