Santo Domingo, RD.-La Fuerza del Pueblo (FP) reiteró su llamado al Gobierno a implementar de manera definitiva y sostenida la obligatoriedad del casco homologado para motociclistas, tal como ordena la Ley 63-17 desde febrero de 2017. Así lo afirmó Mario Holguín, titular de la Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo, quien consideró que la falta de aplicación de esta normativa por más de ocho años constituye “indolencia política” con graves consecuencias humanas y económicas.
Holguín señaló que la ley permaneció como “letra muerta” hasta su reciente anuncio de aplicación, una medida que —a su juicio— parece más “una campaña de prensa” que una verdadera política pública sostenida en el tiempo.
Más del 70 % de las víctimas en las vías son motoristas
La Secretaría de Seguridad Vial explicó que más del 70 % de las siniestralidades en el país involucra motoristas, muchos de los cuales no portan cascos adecuados. Los datos de importación indican que cada año solo ingresan al país unos 600 mil cascos, cuando la demanda real supera los seis millones, considerando que tanto el conductor como el pasajero deben utilizarlo por ley.
Holguín: “Ocho años de retraso no son un accidente, sino permisividad”
El titular de Seguridad Vial afirmó que la tardanza en la aplicación del casco homologado no fue casual, sino el resultado de una decisión política deliberada para evitar costos electorales. “Se antepuso el cálculo político a la vida de los más pobres que andan en motocicleta. Ese precio lo pagamos todos: con sangre joven y con recursos que pudieron destinarse a escuelas, hospitales e infraestructura vial”, expresó Holguín.
FP reclama acciones reales y no anuncios publicitarios
Para la Fuerza del Pueblo, el anuncio oficial de una “nueva fase de rigor” debió estar acompañado de medidas concretas como:
Prohibir la importación de cascos no certificados.
Cerrar tiendas que comercialicen cascos no aptos para motociclistas.
Ordenar a la DIGESETT fiscalizar no solo el marbete, sino la calidad del casco.
Garantizar controles a nivel nacional con su personal ampliado.
La organización también pidió incluir la sustitución progresiva de los cascos no homologados en la Ley de Gastos Públicos como una inversión del Estado, además de ofrecer financiamientos a usuarios y comercios.
Coordinación institucional urgente
Holguín insistió en que la efectividad de la medida requiere una coordinación entre el Ministerio de Industria y Comercio, la Dirección General de Aduanas, ProConsumidor y las alcaldías para impedir que el mercado local siga recibiendo cascos no certificados.
“El casco homologado es un termómetro de la calidad de nuestra democracia. Ocho años de retraso no son un accidente, sino permisividad sin importar que la generación más joven sea la más afectada”, puntualizó.
Llamado final
La Fuerza del Pueblo exhortó al Estado a asumir su responsabilidad y proteger de manera real a la población más vulnerable: los miles de jóvenes que diariamente se transportan en motocicleta y que representan el mayor porcentaje de víctimas en las vías del país.
