Santo Domingo Este, RD.– Una grave denuncia sobre presunto abuso de autoridad, corrupción institucional e intimidación fue realizada por el fiscal comunitario Danilo Holguín, de la Fiscalía Comunitaria de Villa Duarte, durante una entrevista concedida al programa Apogeo TV.
En la entrevista, el magistrado relató un conflicto directo con el nuevo coronel del destacamento policial de Villa Duarte, Héctor Calmona, a quien acusa de intentar asumir funciones que corresponden exclusivamente al Ministerio Público, particularmente en el manejo y control de vehículos y motocicletas retenidas.
Según explicó Holguín, existe una práctica reiterada en el destacamento consistente en la retención de motocicletas —incluso con documentación en regla— para exigir pagos indebidos que oscilan entre RD$1,000 y RD$1,500 a cambio de su liberación. El fiscal afirmó que, al intentar desmontar este esquema mediante un proceso formal de fiscalización y control legal, se produjo el enfrentamiento con el coronel Calmona.
Uno de los episodios más delicados denunciados fue una situación captada en video, donde el coronel se sienta frente a la puerta de la fiscalía tras una discusión, colocando su arma de reglamento de manera visible. El fiscal interpretó esta acción como un acto directo de intimidación en contra de su persona y de sus funciones constitucionales.
Asimismo, Holguín denunció una falta total de transparencia por parte del destacamento, asegurando que no se le suministra información sobre los motores retenidos y que agentes policiales han sido amenazados con traslados si colaboran con la fiscalía. Esta situación, explicó, imposibilita la supervisión legal y el respeto al debido proceso.
Ante la escalada del conflicto y la ausencia de respuestas efectivas de sus superiores, el fiscal manifestó sentir temor por su integridad física. No obstante, subrayó que continuará cumpliendo con su deber constitucional mientras permanezca en el cargo.
Finalmente, el magistrado hizo un llamado urgente a las autoridades superiores, incluyendo la Procuraduría General de la República y la jefatura de la Policía Nacional, para que intervengan de inmediato y detengan las presuntas prácticas irregulares que, según afirmó, afectan la legalidad y la confianza ciudadana en Villa Duarte.
