Ley mordaza del Código Penal genera protesta
Santo Domingo, RD.– El expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CDA), Miguel Surun Hernández, realizó una protesta frente al Congreso Nacional contra la ley mordaza contenida en el Código Penal, al advertir que el propio texto legal incluye disposiciones que restringen la libertad de expresión y el derecho ciudadano a denunciar a funcionarios públicos.
El jurista sostuvo que no se trata de una legislación paralela, sino de artículos específicos dentro del mismo Código Penal que, a su juicio, penalizan la denuncia pública y ofrecen protección indebida a funcionarios frente a señalamientos de corrupción.
“Ese mismo Código Penal es el que establece la mordaza. No es otra ley. Es el propio texto el que pretende callar al ciudadano”, afirmó durante la manifestación.
Ley mordaza en el Código Penal
Surun Hernández explicó que las disposiciones cuestionadas crean un escenario en el que el ciudadano puede ser perseguido judicialmente por denunciar hechos vinculados al ejercicio de funciones públicas, lo que contradice principios constitucionales fundamentales.
Indicó que el debate sobre el Código Penal ha generado preocupación en sectores jurídicos y sociales por el impacto que podría tener en la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.
Denuncias ante instancias nacionales e internacionales
El expresidente del CDA informó que han depositado denuncias formales tanto ante el Congreso Nacional como en organismos internacionales, al considerar que el proyecto viola la Constitución dominicana.
Explicó que las normas señaladas contradicen el artículo 49 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, así como una sentencia del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho del ciudadano a denunciar actos ilícitos cometidos por funcionarios públicos.
“El funcionario público no puede alegar difamación”
Surun Hernández recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido que no es admisible que un funcionario público alegue difamación cuando un ciudadano denuncia hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
“El ciudadano tiene derecho a denunciar al funcionario que comete actos ilícitos. Eso forma parte del peso y la responsabilidad que conlleva ejercer una función pública”, expresó.
Advertencia sobre retrocesos democráticos
El abogado advirtió que aprobar un Código Penal con artículos que limiten la denuncia ciudadana representaría un retroceso democrático, al debilitar la fiscalización social y la participación ciudadana.
Finalmente, reiteró su llamado a los legisladores para que eliminen cualquier disposición que restrinja la libertad de expresión y aseguró que las protestas continuarán hasta que se respete plenamente el marco constitucional.
