MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuestionó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir el acceso a la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW y POLITICO por su cobertura informativa.
La medida, anunciada el viernes 19 de septiembre y ejecutada al día siguiente con la revocación y confiscación de credenciales, constituye una grave restricción al ejercicio periodístico y plantea serios cuestionamientos constitucionales bajo la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa.
Los tres medios anunciaron acciones legales contra el Gobierno para impugnar la decisión.
«El poder público no puede utilizar el acceso a sus instalaciones como instrumento de castigo contra los medios que lo cuestionan. La prensa no está para complacer al poder, sino para informar y fiscalizarlo. Una medida de esta naturaleza pone en riesgo las garantías constitucionales que protegen al periodismo independiente», afirmó Pierre Manigault, presidente de la SIP.
«Excluir periodistas por su cobertura es incompatible con una prensa libre y plantea un serio conflicto con las leyes fundamentales de Estados Unidos. El gobierno debe garantizar el acceso y la diversidad informativa, no seleccionar qué medios pueden informar según lo que publican», señaló Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana.
La SIP expresó preocupación porque Trump advirtió que otros medios podrían correr la misma suerte y mencionó a The New York Times y The Washington Post, aunque no anunció su exclusión.
Además, el domingo la Casa Blanca retiró a CNN de la cobertura del pool televisivo que acompañará a Trump a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, pese a que tenía asignada la cobertura compartida de este lunes, interrumpiendo la rotación habitual entre las principales cadenas.
Según la SIP, la libertad de prensa en Estados Unidos ha sufrido un preocupante deterioro por crecientes presiones desde el poder público, retórica hostil, restricciones al acceso a la información y presiones regulatorias y judiciales.
