Por Edwin Cuello
La fundación de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844 no fue un evento espontáneo, sino el resultado de un proceso jurídico-político complejo que requirió una justificación formal ante la comunidad internacional. El documento clave en este proceso no fue la Constitución de San Cristóbal, sino el Manifiesto del 16 de enero de 1844, conocido también como el Acta de Separación. Este artículo argumenta que el Manifiesto del 16 de enero debe ser categorizado como el primer documento preconstitucional de la nación. A diferencia de un simple grito de guerra, este documento sentó las bases ideológicas, los principios fundamentales de derechos humanos y la estructura provisional de gobierno que posteriormente se formalizarían en la primera Constitución.
Para comprender la naturaleza preconstitucional del Manifiesto, es necesario analizar el contexto de su creación. Tras 22 años de ocupación haitiana bajo el régimen de Jean-Pierre Boyer y posteriormente Charles Hérard, los trinitarios liderados por Juan Pablo Duarte buscaron no solo la separación militar, sino la legitimidad internacional. El Manifiesto comienza estableciendo un principio de respeto a la opinión de las «naciones civilizadas». Su objetivo era demostrar que la separación no respondía a un «espíritu de novedad» o mera ambición, sino a una «larga serie de injusticias, violaciones y vejámenes». Al justificar la separación basada en el derecho natural de los pueblos a defender su conservación (la «ley suprema»), el documento funciona como un acta de justificación que legitima la creación del nuevo Estado, paso indispensable antes de redactar su ley fundamental.
Aunque no tiene la estructura técnica de una Constitución moderna, el Manifiesto del 16 de enero de 1844 contiene los elementos fundamentales que definen a un Estado de Derecho: soberanía e independencia, al proclamar firmemente que la parte oriental de la isla reasume sus derechos y disuelve los lazos políticos con Haití. Además, establece las bases de las libertades civiles, destacando la abolición absoluta y perpetua de la esclavitud, el derecho a la propiedad como inviolable y sagrado, y la libertad de prensa e instrucción pública. Asimismo, se proclama la igualdad de derechos sin distinción de origen ni nacimiento. Estos elementos demuestran que el documento no era meramente declarativo, sino que establecía un orden jurídico provisional.
Tras la proclamación de la independencia, se requería una estructura para gobernar. El Manifiesto no solo declaró la separación, sino que sentó las bases para la creación de la Junta Central Gubernativa. Este organismo funcionó como el primer gobierno provisional de la nación. El Manifiesto operó como la norma suprema que regía las acciones de esta Junta, dictando pautas sobre la organización administrativa, la defensa nacional y las relaciones internacionales hasta que una Asamblea Constituyente pudiera reunirse. Sin la base jurídica que proporcionó el Manifiesto, la Junta Central Gubernativa no habría tenido la legitimidad para actuar como autoridad suprema durante los primeros meses de la República.
En conclusión, el Manifiesto del 16 de enero de 1844 fue el paso necesario y definitivo hacia la creación del Estado dominicano. Como documento preconstitucional, cumplió la función crucial de transicionar del dominio haitiano a la soberanía dominicana, estableciendo los principios ideológicos y de derechos humanos que definirían la identidad nacional. El 6 de noviembre de 1844, la primera Constitución formal fue promulgada en San Cristóbal, recogiendo y expandiendo los principios enunciados en el Manifiesto. Por lo tanto, el Manifiesto no debe verse simplemente como un acta de independencia, sino como la piedra angular jurídica sobre la que se construyó el ordenamiento constitucional de la República Dominicana.
Edwin Cuello
Procurador Fiscal
