Por: Leonel Amílcar Rivas
Recientemente, dos anuncios han generado un gran debate entre los ciudadanos dominicanos: las medidas del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) para combatir el fraude eléctrico y el aumento de las tarifas de peajes anunciado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Fideicomiso RD Vial. Ambos temas son cruciales y merecen una reflexión crítica desde la perspectiva de los usuarios.
El fraude eléctrico es un problema serio que afecta la sostenibilidad del sistema eléctrico en la República Dominicana. Sin embargo, las medidas anunciadas por el CUED, que incluyen cortes eléctricos de hasta tres horas en circuitos con pérdidas superiores al 50%, parecen castigar a todos los usuarios, incluidos aquellos que pagan puntualmente por su servicio. Es injusto que los ciudadanos responsables sufran las consecuencias de la falta de control y supervisión adecuada por parte de las autoridades.
En lugar de implementar cortes eléctricos generalizados, el CUED debería enfocarse en mejorar la detección y sanción del fraude de manera más precisa y justa. Los usuarios que cumplen con sus pagos no deberían verse afectados por las acciones de quienes no lo hacen. Además, es esencial que se realicen inversiones en tecnología y personal capacitado para identificar y combatir el fraude de manera más efectiva, sin perjudicar a los consumidores honestos.
El aumento de las tarifas de peajes a partir del 15 de enero de 2025 ha generado una gran preocupación entre los conductores. Pasar de RD$60 a RD$100 representa un incremento significativo que afectará el bolsillo de los ciudadanos, especialmente en un contexto económico ya desafiante. Aunque se argumenta que este ajuste es necesario para el mantenimiento adecuado de las carreteras, es importante cuestionar si los fondos recaudados se gestionarán de manera transparente y eficiente.
Los consumidores tienen derecho a exigir una rendición de cuentas clara sobre cómo se utilizarán estos ingresos adicionales. Además, el gobierno debería explorar alternativas para financiar los proyectos viales sin imponer una carga excesiva sobre los usuarios. Por ejemplo, podrían considerarse un aumento de las inversiones en infraestructura vial en todo el territorio nacional y la implementación de tarifas diferenciadas según el uso y la capacidad de pago de los conductores.
En conclusión, tanto las medidas del CUED como el aumento de las tarifas de peajes presentan desafíos significativos para los usuarios de servicios públicos en la República Dominicana. Es fundamental que las autoridades adopten un enfoque más justo y transparente, que no penalice a los ciudadanos responsables y que garantice una gestión eficiente de los recursos.
Los usuarios tienen derecho a un servicio eléctrico confiable y a carreteras bien mantenidas, pero no a costa de medidas que los perjudiquen injustamente. La clave está en la implementación de políticas que equilibren la necesidad de mejorar los servicios públicos con la protección de los derechos y el bienestar de los consumidores.
