Santo Domingo, RD.-La gestión de recursos en el Ministerio de Educación de la República Dominicana ha generado un intenso debate debido a decisiones recientes que podrían violar disposiciones constitucionales y legales establecidas. En el centro de la controversia se encuentra la asignación de fondos destinados a infraestructura escolar a la Oficina de Cooperación Internacional (OCI), una entidad no originalmente designada para tales fines.
El ex presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Teodoro Tejada, ha expresado preocupación por estas acciones, argumentando que el ministro de Educación, Dr. Ángel Hernández, ha excedido sus atribuciones al transferir responsabilidades que legalmente pertenecen a la Dirección de Infraestructura Escolar. Esta dirección, establecida por decreto gubernamental, tiene la competencia específica de definir políticas y normativas relacionadas con el diseño, remodelación y mantenimiento de edificios educativos.
El decreto original que creó la Dirección de Infraestructura Escolar fue posteriormente modificado para desconcentrar sus funciones, lo cual refuerza la preocupación de Tejada sobre la legalidad de las nuevas asignaciones de recursos. Según él, la OCI fue concebida para facilitar la cooperación internacional y gestionar recursos financieros y técnicos para proyectos estratégicos específicos, no para manejar fondos destinados a la infraestructura local escolar.
El debate también ha destacado un punto clave en la Constitución de la República Dominicana, que establece claramente los procedimientos y las autoridades responsables de la desconcentración y gestión de los servicios públicos. Tejada ha subrayado que las decisiones tomadas por el ministro Hernández podrían estar infringiendo estos principios constitucionales al asignar recursos fuera del marco legal establecido, bajo la supervisión de ministros y entidades competentes.
Esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la gobernanza en la administración pública, especialmente en un sector tan crucial como la educación. La comunidad educativa y la sociedad en general esperan que las autoridades competentes aclaren estos conflictos y aseguren que todas las acciones se ajusten estrictamente a la ley, promoviendo así un uso adecuado y eficiente de los recursos destinados a mejorar las condiciones educativas en el país.
