En el contexto del negocio de la política, los denominados partidos bisagras son entelequias dirigidas por personas habilidosas que, conscientes de que no llegarán a ninguna parte, estudian el posicionamiento de los grandes partidos para acercarse al que tenga mayores posibilidades de éxito y negociar su apoyo a cambio de que les garanticen algunas posiciones públicas en el gobierno.
Los casos abundan por lo que no es necesario citarlos por sus nombres. Defienden a uñas y dientes su derecho a participar en las elecciones, alegando que su presencia fortalece al sistema democrático cuando en realidad lo que provocan es el aumento de los gastos de la Junta Central Electoral, que consciente y cansada del juego ha establecido una serie de condiciones en base a la ley 33-18 que han suscitado la protesta de los referidos partidos.
Entre las normas establecidas se cuentan la presentación del listado de militantes con sus firmas, cédulas y dirección, equivalentes al 2 por ciento de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones, tener funcionando locales en el Distrito y en cada municipio del país, y una serie de condiciones adicionales que han sido objetadas por los partidos bisagras y que esperamos se mantengan con firmeza para bien del país.
