Santo Domingo, RD. -Abogados particulares que representaban al Estado Dominicano en el caso de Bahía de las Águilas, llaman la atención del presidente la Republica Dominicana Luis Abinder Corona, para que honre los honorarios que les corresponden por concepto de pago de honorarios profesionales que se le adeuda por concepto de la representación legal del Estado.
Dicen los togados que a través de su representación ante los tribunales pudieron obtener el certificado de título definitivo de la parcela 215-A del D.C. 3 del municipio de Enriquillo, cuya extensión superficial es de casi 362 millones de metros cuadrados, siendo económicamente explotables aproximadamente 79 millones de metros cuadrados de los cuales debe pagarse, en favor de dichos abogados, un siete (7%) conforme tres (3) poderes de representación ratificados por diferentes gobiernos y cuyos resultados, en términos de ganancia de causa, han sido tangibles, concretos y de conocimiento general de la sociedad.
Los referidos abogados manifestaron que en favor del Estado Dominicano han logrado 54 sentencias favorables dictadas por la Suprema Corte de Justicia, de las cuales 39 son definitivas, incluyendo 13 sentencias emitidas el Tribunal Constitucional, diferentes decisiones del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, varios fallos de los tribunales de jurisdicción original del Distrito Nacional y de Barahona, 2 decisiones del Tribunal Superior Administrativo, 6 sentencias civiles dictadas por la Cámara Civil y Comercial de Pedernales ratificadas por la Corte de Apelación de Barahona, y aún están conociendo otros procesos relacionados con ese caso, tanto en el Distrito nacional como en el tribunal de Jurisdicción Original de Barahona.
Relatan los profesionales del derecho, que a pesar de todos esos fallos a su favor siguen sin recibir avances o pagos parciales ni de ninguna índole por parte del Estado dominicano el cual se ha limitado a realizar promesas incumplidas.
El Lic. Blas Minaya Nolasco, hablando a nombre de dichos togados manifestó que las sentencias definitivas dictadas por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional son las que han permitido al gobierno dar inicio, con un significativo presupuesto propio y del sector privado, las labores de construcción de hoteles en parte de las parcelas objeto de la litis habiéndose emitido, incluso, licencia ambiental para desarrollar las obras dentro del ámbito de la parcela 215-A y sus resultantes, del D.C. 3 del municipio de Enriquillo, por lo que el pago de los honorarios profesionales no representaría carga adicional para el gobierno.
Expresaron los juristas, que se vieron obligados a incoar demandas y acciones tendentes a lograr el pago de sus emolumentos realizando, incluso, una demanda en interpretación de sentencia, demandas en ejecución de poderes de representación y litis sobre derechos registrados que generaron inscripción de nota preventiva en las parcelas en que se va a realizar el proceso de construcción hotelera y poner en causa a los inversionistas nacionales y extranjeros que van a invertir en los proyectos de desarrollo, lo que podría innecesariamente, afectar el tan anhelado desarrollo de las provincias del sur por la falta de cumplimiento de la obligación de pago que tiene el Estado Dominicano con sus propios abogados, y quienes, aun sin pagarles, siguen cumpliendo con la adecuada, oportuna y eficiente representación del Estado Dominicano en las diferentes contestaciones litigiosas que aún se están conociendo en varios tribunales de la República.
La representación del Estado Dominicano en el referido caso Bahía de las Águilas está compuesta por los Dres. Manuel Cáceres Genao, Samuel Ramia Sánchez, Gustavo Biaggi Pumarol y Blas Minaya Nolasco, a cuyo equipo se agregó posteriormente, la Dra. Laura Acosta Lora, quien además de ser activa litigante y manifestar que sus labores son a título gratuito, servía también como enlace entre los abogados particulares, la Procuraduría General de la República y el Poder Ejecutivo, así como vocera oficial, en los medios de comunicación, informando sobre las labores realizadas, llegando todos en conjunto, como equipo, a lograr la recuperación de una enorme cantidad de terreno que estaba en manos de particulares como consecuencia de un enorme fraude que se había cometido en perjuicio del Estado Dominicano y que no obstante dichos resultados, los abogados a quien el Estado debe pagarle, aún no han cobrado sus honorarios profesionales.
Consideraron los peticionarios que independientemente de que en virtud de la Ley de representación del Estado dichos poderes hayan sido otorgados por la Procuraduría General de la República, los terrenos forman parte de un fideicomiso creado mediante decreto y en esa virtud, los honorarios profesionales deben salir del valor del inmueble a través de la Dirección General de Alianzas Públicos Privadas conforme a la Ley 47-20, vía la Fiduciaria Reservas o mediante un acuerdo transaccional firmado con el gobierno central que es quien representa, en términos económicos, al Estado Dominicano para el cumplimiento de sus obligaciones. Los juristas se mostraron esperanzados en que el presidente Luis Abinader, persona responsable, honesta y transparente garantice que los funcionarios encargados de realizar dichos pagos o acuerdos transaccionales culminen satisfactoriamente, en el menor tiempo posible, el pago de la obligación asumida por el Estado Dominicano frente a los abogados particulares del Caso Bahía de las Águilas.
