Por Osvaldo Mora
En los últimos meses, el drama de Haití ha vuelto a acaparar los titulares internacionales al hablar sobre la red invisible de Puerto Príncipe y el poder de las pandillas en Haití. Con el despliegue de tropas de élite ordenado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele tras los ataques y secuestros sufridos por su personal táctico, la mirada de la región se ha centrado en una sola pregunta: ¿es posible erradicar el control de las pandillas en Puerto Príncipe mediante la fuerza militar?
A simple vista, el territorio haitiano no representa una extensión geográfica inalcanzable. Se trata de la mitad de una isla compartida donde el núcleo del conflicto se concentra en barrios y zonas urbanas delimitadas. Sin embargo, creer que la crisis se resuelve únicamente con blindados y operaciones de choque es ignorar el motor principal que mantiene con vida a estas estructuras criminales: la complicidad y el negocio transfronterizo.
El negocio que alimenta la violencia
Para que miles de hombres armados pertenecientes a coaliciones como 400 Mawozo o Viv Ansanm sostengan un control territorial prolongado, se requiere una logística gigantesca y diaria. Miles de cartuchos, armas de alto calibre, toneladas de alimentos y miles de galones de combustible no aparecen por arte de magia en las calles de la capital haitiana.
Existe un circuito de financiamiento y contrabando que fluye a través de puntos vulnerables, puertos sin control y la porosidad de las fronteras terrestres. Detrás de cada enfrentamiento armado hay una red económica informal y corrupta que mueve millones de dólares y beneficia a actores opacos a ambos lados de la línea fronteriza. Mientras los pasos informales y el soborno sigan alimentando esa cadena de suministro, la capacidad de fuego de las bandas se regenerará constantemente.
Entre la complicidad de las élites y el silencio del pueblo
Las pandillas en Haití no nacieron como un fenómeno aislado; fueron armadas, promovidas e instrumentadas durante años por sectores de la élite política y empresarial de Puerto Príncipe para controlar territorios, movilizar electores o proteger intereses comerciales. Hoy en día, muchas de estas organizaciones han tomado el control directo de las aduanas y las rutas de suministro, extorsionando al propio tejido social que las rodea.
Por otro lado, la población civil se encuentra atrapada en una encrucijada crucial. Para que cualquier fuerza de seguridad internacional o regional logre desarticular a estos grupos, la inteligencia de campo y la denuncia ciudadana son indispensables. Sin embargo, la colaboración de los ciudadanos solo ocurrirá cuando sientan que existe una garantía real de protección y un Estado capaz de sostener la ley, algo que hasta ahora no se ha consolidado.
El verdadero desafío para la región
El respaldo de países vecinos como la República Dominicana —mediante el refuerzo de su vigilancia y contención fronteriza— y la integración de contingentes latinoamericanos representan una oportunidad importante para acorralar el crimen organizado. Pero el éxito no se medirá solo en bajas o capturas en el terreno.
Si la comunidad internacional y los gobiernos implicados no atacan las redes financieras, no clausuran las rutas del contrabando de armas y no desmantelan la red de complicidad política y económica que sostiene a las bandas, cualquier esfuerzo táctico correrá el riesgo de ser solo un paño con agua tibia. Cortar el flujo de dinero y suministros es el verdadero paso para devolverle la paz al pueblo haitiano.
